La Fiscalía avala el escrito que la instructora de la Pokémon envió al TSXG sobre la diputada del PP, que no está imputada
06 sep 2014 . Actualizado a las 15:17 h.Paula Prado del Río, diputada del PP en el Parlamento de Galicia, cometió supuestamente los delitos de falsedad de documento oficial, tráfico de influencias y cohecho cuando era concejala en el Ayuntamiento de Santiago y tenía a su cargo los departamentos de Familia, Benestar Social, Muller e Emprego. Eso es al menos lo que considera la jueza del caso Pokémon, Pilar de Lara, en la exposición razonada, avalada por el fiscal, que remitió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por la cual la Fiscalía estima conveniente que el alto tribunal (único competente al tratarse de una aforada) investigue a la diputada Paula Prado.
La jueza vincula a Paula Prado con esos delitos por tratar de beneficiar económicamente a un empresario; por interceder ante el concejal competente para que anulase la multa impuesta a un local de copas de Santiago; por hacer gestiones para contratar a personas recomendadas; por interceder ante la empresa concesionaria del suministro de agua, y fuera de los cauces reglamentarios, a favor de una persona que había instalado una toma clandestina con impago del consumo, y por solicitarle al concejal de Tráfico que le permitiese aparcar su coche particular en la plaza del Obradoiro.
En su exposición, la jueza de la Pokémon recuerda que Paula Prado, que dimitió antes del verano como portavoz del PP gallego, tenía a su cargo durante su etapa de concejala la gestión de la agencia local de colocación y además presidía la Mesa Local polo Emprego.
La exposición de la jueza de la operación Pokémon señala que de las investigaciones practicadas (consistentes en intervenciones telefónicas, análisis de las diligencias de entrada y registro, interceptación de correspondencia electrónica e informes de Vigilancia Aduanera) «se infieren indicios de que Paula Prado del Río podría haber cometido, en el ejercicio de su cargo, o a propósito de su desempeño, hechos presuntamente delictivos» que podrían integrar los tipos penales de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.
Respecto al pago de «una factura municipal inflada, con un sobrecoste de 3.000 euros», por la representación del espectáculo La abeja Maya, el escrito de la jueza considera que la autorización del pago se hizo «con la sola y exclusiva finalidad de beneficiar al empresario». También considera que la entonces concejala del PP santiagués habría intervenido para supuestamente influir, junto a los concejales Albino Vázquez y Adrián Varela, y al jefe de gabinete de la alcaldía, Ángel Espadas, «para beneficiar económicamente a su esposo, Francisco Antonio Otero Illodo, en su actividad de venta de materiales textiles» a los ayuntamientos de Santiago y Boqueixón, «empleando para ello a terceros intermediarios para no involucrar su nombre como proveedor».
Personas próximas al PP
La jueza del caso Pokémon también relaciona a la diputada del PP con la influencia en la contratación de determinadas personas, «afiliadas o próximas ideológicamente al Partido Popular, en empresas concesionarias de obras y servicios del Ayuntamiento de Santiago». Añade el escrito judicial que para ello se adaptaron supuestamente los currículos «a los puestos de trabajo a cubrir». La instructora señala que independientemente de otros supuestos, la entonces concejala «habría enchufado supuestamente a alguna persona para ser contratada por la empresa Sermasa, adjudicataria de la escuela infantil de Salgueiriños».
Otro de los supuestos delitos con los que la instructora de la Pokémon relaciona a Paula Prado es con la anulación de una multa a un local para conciertos. Dice que «podría haber intervenido, o realizado gestiones, en la resolución de un expediente sancionador abierto a un local llamado Moon, intercediendo ante el concejal Albino Vázquez Aldrey para que este gestionara la anulación de la multa impuesta» al citado establecimiento.
Del mismo modo, la jueza sostiene que Paula Prado le pidió al mismo concejal, el 2 de junio del 2012, que le permitiera aparcar su coche particular en la plaza del Obradoiro para evitar de ese modo que la Policía Local la multase por estacionar en ese lugar. En la exposición de la jueza del caso Pokémon se señala que minutos después de esa petición, Albino Vázquez le comunica «que ya pasó la orden con la matrícula de Paula».