La defensa de Flores pide la nulidad de la Pokémon por fallos de forma

La defensa de Julio Flores, primer teniente de alcalde de A Coruña e imputado en la Pokémon, así como de otros tres técnicos municipales salpicados por el mismo caso, solicitó al juzgado de Lugo la nulidad de todas las actuaciones llevadas a cabo por Pilar de Lara desde abril del 2011 y que derivaron en la operación Pokémon y en su rama coruñesa, la Pikachu. El abogado de Flores, Esteban Rico, no pide solo la nulidad de esta última, sino de prácticamente toda la Pokémon.

Rico cuestiona en su escrito la legitimidad de que un solo juez mantuviese diversas piezas separadas bajo su jurisdicción cuando no existe, dice, un nexo común que las una a todas ellas con la primera, de la que derivan.

Recuerda el letrado que todo el proceso se originó en la operación Carioca, una trama surgida en torno al club Queen's. «Las investigaciones se centraban tanto en la prostitución como en el tráfico con información privilegiada en cuanto a prácticas de redadas policiales en locales, entre otras conductas delictivas que en nada se asemejan a la que ocupa a mis patrocinados ni al propio José María Tutor», dice el escrito a la jueza. La petición de nulidad afectaría también, pues, a este último, jefe de Vendex en Galicia, la empresa que está en el centro de las investigaciones de De Lara por presuntos casos de enchufismo, financiación ilegal a partidos y regalos y pagos a funcionarios y políticos a cambio de contratos.

A Tutor llegó la jueza a través de Javier Reguera, delegado de Vendex en Lugo y vinculado al Queen?s. Fue investigando su patrimonio como se tiró del hilo del resto de la investigación, argumenta Rico. Lo que de allí salió «no parece guardar relación con la línea principal de la trama de los burdeles», dice el abogado, que considera que la jueza debió, como hizo con otros casos derivados, enviar testimonio al decanato para el reparto de las piezas en los juzgados correspondientes.

Defensa de Tutor

«Ni siquiera categoría de sospecha se podía elevar, en aquel momento (2011), la eventual participación del señor Tutor en actividad ilícita alguna, ni mucho menos relacionada con la línea que enmarcaba la investigación hasta entonces», dice.

La defensa cree que hubo un «uso indebido del instrumento de piezas separadas» y una «vulneración de las normas de reparto». Además, considera que se hizo también un «indebido uso del secreto de las actuaciones», y que «toda la instrucción se vio envuelta en un halo de oscurantismo en forma de secreto sumarial que, siquiera parcialmente, perdura aún hoy». Las «sistemáticas prórrogas mecánicas -dice- han venido sirviendo para ocultar la forma en que la instructora se ha ido arrogando del conocimiento de hechos nuevos accidentalmente averiguados como consecuencia de otras investigaciones, que ninguna relación guardan con la génesis de la causa primera» y califica el proceso como «una suerte de causa general o inquisitiva, heterogénea, amplia y difusa».

Derechos fundamentales

El abogado abunda en su ataque a la actuación de De Lara argumentando que se da también «indefensión generada por vulneración de derechos fundamentales». Se refiere, por ejemplo, a las escuchas telefónicas: «De no existir conexidad entre el delito que se venía investigando y el nuevo descubierto, lo procedente sería la deducción de testimonio y envío a reparto», algo, dice, que no se hizo con ninguno de sus representados.

«Desde luego, nada tienen que ver el señor Julio Flores y el resto de mis representados con el proxenetismo, el tráfico ilegal de seres humanos o la información privilegiada acerca de la ejecución de redadas», argumenta Rico para pedir, una vez más, la nulidad de actuaciones por no haberse ajustado a derecho.

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