Galicia precisaría 105 millones más para atender a los dependientes valorados
10 ago 2014 . Actualizado a las 15:30 h.Fue uno de los primeros en solicitar para su hijo la ayuda marcada por la Ley de Promoción de Autonomía Personal, apodada como Ley de Dependencia. Ocurrió en el 2007 y por eso Manuel Cerqueira conoce cómo ha ido evolucionando esa «normativa revolucionaria», como la había calificado el entonces ministro de Trabajo, el socialista Jesús Caldera. «Cuando se hizo pública -explica este padre vigués- se crearon muchas expectativas. Había ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas, el Ejecutivo cotizaba por los cuidadores... pero ya no hay nada de eso. Es una ley que tenía que funcionar a nivel de todo el Estado, pero cuando se aprobó no estaba recogida en los Presupuestos. Nació sin financiación. Luego pasaron la patata caliente a las comunidades, llegaron las vacas flacas, el Gobierno recortó y cada comunidad también recortó y la aplicó a su manera».
El proyecto de ley fue aprobado en la primavera del 2006 como un primer paso para hacer realidad una norma que iba a suponer el gran avance en materia social del Ejecutivo de Zapatero, comparable a la puesta en marcha en los ochenta de las ayudas no contributivas de jubilación lanzadas por Felipe González. La ley, aprobada en noviembre de ese mismo año con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo CiU, PNV y EA, era buena pero partía de un error de cálculo.
En el caso gallego no se contabilizaron todos los grandes dependientes que hay en una de las comunidades más envejecidas de Europa. Tampoco se atrevieron a imponer una cotización específica para sufragar el gasto que implicaría esta prestación universal como sugerían algunas voces dentro del propio Gobierno de Zapatero. Y menos aún contaron con el gran colapso económico que se avecinaba.
Los primeros datos que manejaba el Ejecutivo socialista cuando fue aprobado el proyecto hablaban de que este tendría que aportar 14.000 millones de euros para poner en marcha una ley que iría implantándose poco a poco hasta el 2011 -luego se amplió el plazo hasta el 2015- según el grado de dependencia y que acabaría beneficiando a un millón y medio de personas en toda España. Las comunidades, que tendrían que contribuir también al 50 %, deberían poner 13.000 millones de euros, a los que habría que sumar un copago según la renta de cada beneficiario. En el 2008 -primer ejercicio en el que se habilitó un presupuesto específico para sufragar la norma- Galicia gestionó un total de 138 millones de euros (55,5 aportados por el Estado y 82,6 por la comunidad) para la Ley de Dependencia que entonces tenía reconocidas prestaciones a 15.229 personas.
Seis años más tarde, la comunidad gallega atiende a 37.651 personas con un presupuesto de 345 millones de euros. A ese fondo la Xunta aporta 272,24 millones. Madrid, 73,11. La diferencia tiene explicación: el Gobierno central paga una cantidad en base al grado con el que está valorado cada dependiente, no por servicio prestado. La media es de unos 200 euros al mes por beneficiario, aunque el coste de una residencia es de unos 1.800 euros mensuales en una concertada y de unos 2.600 en una pública.
Dinero que no llega
El número de personas atendidas ha mejorado, pero todavía hay 17.316 que tienen derecho a ello y no perciben nada. Para darles cobertura Galicia precisaría al menos unos 105 millones de euros más, en base a los cálculos estimados que maneja el Gobierno autonómico. Eso no teniendo en cuenta los dependientes de grado I que entrarán en la cobertura el año que viene. El problema es que la financiación al 50 % que establece la ley no se cumple y el Gobierno de Feijoo, en lugar de apostar por otorgar prestaciones económicas a los cuidadores como hacen comunidades como Murcia o Cataluña, ha optado por contribuir al pago de servicios como la ayuda a domicilio o la atención en centros.
A un año vista de la implantación total de la ley el catedrático de Gerontología, José Carlos Millán Calenti, hace balance: «Nació muy bien, pero con un presupuesto bastante reducido. España entró en crisis. Al no haber presupuesto para atender a todos mudan la forma de baremar... El papel lo admite todo, pero luego, claro, que cada comunidad se busque la vida».
La modificación de baremos de la que habla este catedrático la implantó el Gobierno de Rajoy en el 2012. Dentro de un paquete de medidas antidéficit incluyó la reforma del modelo de dependencia. Por ejemplo, aumentó el copago y recortó un 15 % las prestaciones. Paralelamente los cuidadores familiares perdieron las cotizaciones a la Seguridad Social que hasta entonces pagaba el Gobierno y a la hora de calcular la ayuda a percibir no solo se utilizará la renta también incluirá el patrimonio.
Gloria, la esposa de Manuel Cerqueira, fue una de las cuidadoras por las que el Gobierno central dejó de cotizar hace dos años. Su hijo, que padece atrofia medular espinal, no tardó mucho en ser valorado desde que pidió la ayuda en el 2007, pero aún tuvo que aguardar para cobrar la prestación que le correspondía.
«Primero decían que era muy pequeño, luego que le faltaba el DNI... problemas burocráticos. Además tras la aplicación de esos recortes la ayuda de 500 euros que percibía para completar la rehabilitación que no cubre la seguridad social ha quedado en 442», explica.
No le afecta de momento la nueva fórmula de cálculo de ayudas marcada por Madrid, que entró en vigor en enero y que ha comenzado a notificarse ahora en Galicia. Para otros supone un nuevo recorte. Desde el Gobierno de la Xunta no son partidarios de cubrir el hueco que deja Madrid porque creen que con lo que ahorrarán podrán atender a algunos de los que ahora no perciben nada. El problema es que los que sufren el recorte dicen que puede que ya no puedan pagar el servicio.