El último accidente no ha hecho más que agravar el malestar de los usuarios de la autopista gallega, aguzado en las últimas semanas por los continuos atascos en los peajes. La conselleira de Medio Ambiente, Ethel Vázquez, volvió a referirse ayer a este tema y admitió, a preguntas de los periodistas, que retirarle la concesión de la AP-9 a Audasa «é unha das alternativas viables porque está na lei de concesións». Se refirió, asimismo, al «bo traballo» del Ministerio de Fomento en el ejercicio de sus competencias sobre esta infraestructura. Vázquez recordó que la ministra «deu unha mensaxe clara» ante la reiteración de los atascos en los peajes.
Desde principios de verano, el aumento del tráfico desembocó en frecuentes colapsos de tráfico en las cabinas de peaje, un problema que alcanzó tal calibre que obligó a intervenir a la ministra de Fomento, Ana Pastor, quien llegó a amenazar con abrir un expediente de anulación de la concesión a Audasa en caso de que se constatase un incumplimiento reiterado con los ciudadanos.
La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, también movía ficha hace unos días al desempolvar la histórica demanda del traspaso de la gestión de la AP-9 a la comunidad autónoma, una medida que ningún Gobierno central, fuese del signo que fuese, ha aceptado nunca.
Al mismo tiempo, la responsable autonómica reclamaba al ministerio una homogeneización de los peajes en España que contribuya a abaratar las tarifas más elevadas y con menos bonificaciones que soportan los usuarios de la AP-9. En efecto, los peajes de la autopista que cruza Galicia de norte a sur son otra de las quejas recurrentes de los usuarios de esta vía. Desde el estallido de la crisis en el año 2008, las tarifas acumulan una subida del 26,5 %.
Una factura de 2.000 millones
Con todo, y pese al mensaje positivo de la conselleira, no parece que poner freno a la concesión prorrogada de Audasa vaya a resultar tan fácil. La posibilidad de suspenderla podría costar al Estado una factura que difícilmente bajaría de los 2.000 millones, por las inversiones realizadas por la empresa y la deuda pendiente. Con esa baza sobre la mesa, Audasa se permite hacer oídos sordos a cualquier queja de los usuarios y de las Administraciones. Le quedan 34 años más de negocio, tras la prórroga de una concesión que expiraba en el 2023.