Destinará esos fondos a nuevas plazas o a mayor atención a domicilio
07 ago 2014 . Actualizado a las 09:11 h.La Consellería de Benestar está revisando los expedientes de todos los dependientes que tienen alguna prestación. Al seguimiento ordinario que se hace a este colectivo para actualizar su capacidad económica, se suma la novedad de aplicar la normativa del Gobierno central a aquellos usuarios que sean beneficiarios desde antes de julio del 2012. Y son este grupo los que en un porcentaje muy elevado verán reducida su ayuda, porque por primera vez se tendrá en cuenta su patrimonio, tanto de rentas como de bienes inmuebles.
La Xunta ha asegurado al menos que todo lo que genere con estos ajustes se reinvertirá en dependencia, en concreto en nuevas plazas o en una mayor atención a domicilio. Porque lo que está claro es que la aplicación de la normativa estatal les va a suponer a las arcas de la Administración autonómica un ahorro considerable con los dependientes atendidos hasta el momento. Un ejemplo: un gran dependiente con una pensión mensual de 650 euros que va a un centro de día, y que además de su vivienda habitual tenga una finca cuyo valor catastral sea de 2.000 euros, vería incrementada su capacidad económica en 100 euros anuales -el 5 % del valor catastral-, lo que supondrían unos 4 o 5 euros menos de ayuda al mes.
Este 5 % del valor catastral que se aplica a los mayores de 65 años para sumar a su capacidad económica se reduce si el dependiente es menor de 65 años (un 3 %), mientras que si no llega a los 35 solo se aplicaría el 1 % del valor catastral. Al patrimonio de bienes inmuebles hay que sumar también las rentas, depósitos, acciones, es decir, los ingresos que pueda tener el dependiente. En cuanto a la vivienda habitual, se computa como patrimonio siempre que el dependiente no viva en ella -porque está en una residencia-, ni su cónyuge o familiares más directos, y exceda los 300.000 euros de valor.
Críticas de la oposición
Ya Feijoo en respuestas a los periodistas el pasado martes insistía en esta necesidad de priorizar a los grandes dependientes que no tienen ninguna prestación, justificando los recortes en la obligación de cumplir la normativa estatal. Pero no opina lo mismo la oposición. Los socialistas tildaron de amoral al presidente de la Xunta por desmantelar la ley de dependencia dejando a 18.000 gallegos con la prestación reconocida sin recibir ayudas. La portavoz de Políticas Sociais del PSdeG, Carmen Gallego, acusó a Feijoo de mentir al asegurar que está obligado por ley a aplicar los recortes, porque otras comunidades, como Andalucía, «compensan con fondos propios o descenso das axudas do Estado». Los socialistas presentaron una proposición no de ley para exigir al Gobierno central que impulse un grupo de trabajo con representantes de las comunidades y los grupos parlamentarios para lograr un acuerdo que garantice la aplicación y el cumplimiento de la ley de dependencia.
Más contundente aún fue el portavoz del BNG, Xavier Vence, quien recrimino a Feijoo el desprecio a los dependientes reconocidos que han visto cómo se recortan sus ayudas. Sobre sus declaraciones en relación a las cartas que informan de las bajadas a los afectados, en las que aseguró que debe priorizarse a los grandes dependientes, Vence tildó esta respuesta de Feijoo de «cinismo elevado», y lamentó que se trate de una estrategia deliberada del PP para acabar con el sistema de la dependencia.
El PPdeG, por su parte, defendió que en Galicia de cada 10 euros que se invierten en dependientes 8 proceden de las arcas autonómicas -la ley recoge que la financiación debe ser 50-50-, por lo que en un contexto de restricciones presupuestarias la Xunta «seguiu a reforzar o gasto social e particularmente o destinado aos dependentes», indicó la diputada Paula Prado.