La UE y el Gobierno central reclaman 10,1 millones de euros a la entidad
30 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La Diputación ourensana no abrirá un expediente para exigir responsabilidades a quienes gestionaron los proyectos de instalación de depuradoras por los que la UE y el Gobierno central reclaman 10,1 millones de euros a la entidad. La corporación provincial celebró ayer un pleno extrarodinario solicitado por el PSOE, que básicamente pedía que sean los responsables de los proyectos los que paguen. Además, pretendían que la institución provincial instase a Alberto Núñez Feijoo, presidente de la Xunta, a cesar a su delegado en Ourense, Rogelio Martínez, que en el momento de los hechos era la mano derecha de José Luis Baltar, padre y predecedor del actual presidente.
La iniciativa contó con el apoyo del BNG, pero no con el del PP, que disponde de mayoría absoluta. El portavoz del gobierno, Plácido Álvarez, argumentó que este asunto ha sido debatido «en infinidade de ocasións» y dijo que, con esas propuestas, la oposición solo pretende «montar barullo». Los populares, continuó, siguen defendiendo que no se cometió ningún tipo de irregularidad con las depuradoras y criticó a PSOE y BNG por dar «100 % de credibilidade» a las acusaciones de la UE: «¿Por que tanto empeño en fixarse só no que non favorece á Deputación?». Álvarez pidió «paciencia» ante los recursos presentados.