«Poñemos a disposición de todos os cidadáns os servizos de Consumo da autonomía [...] para tramitar calquera denuncia que se poda producir». Era el 17 de julio, cuatro días antes habían regresado a la AP-9 los atascos kilométricos de casi todos los verano, Feijoo ya estaba cansado de llamar a la puerta de Audasa sin que nadie le abriese y el presidente sorprendió aquel jueves a casi todos con esa declaración pública: animaba a los conductores afectados por los colapsos en la autopista del Atlántico a reclamar contra la concesionaria de la carretera ante el Instituto Galego de Consumo (IGC).
Pero aquella suya, como las de Juan Bautista en el de Judea, es de momento una prédica en el desierto. Transcurridos 11 días de la invitación del presidente a la queja masiva, ayer ningún automovilista se había decido a requerir la ayuda del ICG, según una portavoz de la Consellería de Economía e Industria, de la cual depende el citado organismo.