Álvaro García Ortiz: «Gallardón ha conseguido un consenso generalizado, pero contra él»
GALICIA
García Ortiz recibió ayer la Cruz de San Raimundo de Peñafort por su trabajo en el caso «Prestige»
05 jul 2014 . Actualizado a las 11:15 h.Álvaro García Ortiz, fiscal delegado de Medio Ambiente y presidente de la Unión Progresista de Fiscales, recibió ayer de manos del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, la Cruz de San Raimundo de Peñafort, que premia «hechos distinguidos o servicios relevantes en el campo del Derecho». Su labor en el caso Prestige o en la lucha contra los incendios explican en buena medida esta recompensa, concedida a propuesta del Consejo Fiscal. En el acto recordó las palabras de Mangouras al final del juicio, cuando pidió perdón a todos los gallegos.
-¿Está contento?
-Sí. Es el galardón más importante para los que trabajamos en la Administración de Justicia y es a propuesta de mis compañeros del Consejo Fiscal, y eso es muy bonito, la verdad.
-Usted es el jefe de los fiscales progresistas y el premio se lo entrega Torres-Dulce, nombrado por el Gobierno del PP. Quizás el factor ideológico no es tan importante en la carrera fiscal.
-Es muy poco importante cuando hablamos de asuntos institucionales. Hay que desterrar esa idea de que el color político condiciona los procesos judiciales. Condiciona nuestra opinión fuera del proceso. Pero ante todo somos profesionales. Nuestras disputas ideológicas no interfieren en nuestro trabajo.
-Pero la Fiscalía es un cuerpo jerárquico y supongo que hay decisiones que debe acatar aunque no esté de acuerdo.
-Depende de qué decisiones. La jerarquía de la carrera fiscal no está militarizada. No hay una orden que yo deba acatar. La jerarquía tiene un sentido: el principio de unidad. No podemos ser una Fiscalía diferente en Galicia o el País Vasco. Nuestros criterios deben estar unificados. Pero tenemos cauces internos y a veces públicos para mostrar nuestro desacuerdo.
-Pero hay dudas sobre la actuación del fiscal en el caso de la imputación de la infanta.
-Ahora le hago yo la pregunta. ¿Por qué hay dudas?
-Existe la creencia de que fue presionado para que se oponga a la imputación.
-Lo dicen los que rechazan que no se impute a la infanta, pero no hay ninguna base para pensar eso. El fiscal se ha posicionado, lo ha explicado jurídicamente y tiene las ideas muy claras desde el principio.
-Y ha atacado duramente al juez que lleva el caso.
-Eso una cuestión diferente.
-Pues vamos con ella.
-Efectivamente se opone al auto del juez en términos muy duros, no hay que esconderlo. El juez le ha contestado a través de los medios de comunicación. Esa dinámica no es buena para la Justicia. Jueces y fiscales debemos tenernos respeto. Hay que rebajar el tono.
-Su reacción vehemente ante estas preguntas quizás tenga que ver con que sospecharon lo mismo de usted en el caso «Prestige», al no acusar al Gobierno.
-Sí. Fue así. Estamos sometidos a la opinión pública, como no podía ser menos. Es lógico que nos critiquen. Lo que no está tan bien es cuando las críticas están fundadas en rumores y opiniones a la ligera. Tomamos las decisiones y nos podemos equivocar, pero lo hacemos con toda la honestidad profesional posible y todas las consecuencias personales que a veces tiene, como en el caso de Horrach o el mío. No nos guía ningún interés oscuro más allá de lo que consideramos la legalidad.
-Supongo que no hay que dejarse llevar por lo que es políticamente correcto en cada caso.
-A veces la posición del fiscal coincide con lo que es políticamente correcto. Otras veces no. En función de eso nos acusan de algo o nos dejan de acusar. Es muy curioso.
-¿Qué opina de la reforma de Gallardón?
-Es muy negativa. Pero depende de qué reforma hablemos, porque ha ido tocando muchos palos y lo que ha conseguido es un consenso generalizado, pero contra él. Por un lado en asuntos de naturaleza legislativa, como el aborto, por otro, en asuntos procesales. No se está legislando bien. Se está haciendo sin consenso y en una ley orgánica del Poder Judicial debería haberlo. Pero lo peor es la oportunidad que se está perdiendo para dar un salto legislativo y ordenar el proceso penal.
-¿Qué hay detrás de esa recentralización de la Justicia, que en Galicia, donde hay más dispersión, tiene consecuencias tan negativas?
-Hay un debate entre la eficiencia de la Justicia y la Justicia de proximidad. Pero creo que es compatible la existencia de sedes judiciales dispersas con la eficiencia. No se puede quitar a los ciudadanos estos servicios y dejarles sin nada. Si haces eso a cambio tienes que acercar la Justicia al ciudadano. Hay muchas formas de hacerlo. El asunto de la concentración provincial responde a un modelo anticuado de España, organizada en torno a las comunidades autónomas. Deben ser ellas, que conocen mejor sus territorios, las que determinen esas necesidades. En Galicia el modelo de servicio podría inspirarse en el del Sergas.
-Usted defiende que los fiscales instruyan las causas.
-Sí. No se debe desconfiar de los fiscales a la hora de hacer una instrucción autónoma, como no se debe desconfiar de los jueces. El fiscal ahora hereda en el juicio la investigación del juez instructor. Y a veces no estás de acuerdo con ella. La tienes que asumir a la fuerza.