Cuestiona la actuación que pone la lupa en la financiación de los partidos
29 jun 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Pocos días después de que la jueza Pilar de Lara desplegara la operación Pokémon, en septiembre del año 2012, el PSOE se revolvió como un gato panza arriba al ver cómo el entonces alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, fue conducido esposado a los juzgados de Lugo para ser sometido a un largo interrogatorio. La campaña electoral de las autonómicas estaba a punto de arrancar, los socialistas competían entre sí para cuestionar la desproporción en la actuación judicial y Feijoo, consciente de que el PPdeG también se podía dejar alguna pluma en esta causa, le lanzaba un recado desde el atril de la Xunta: «Non existen períodos de graza» para la Justicia. Y desde luego, un proceso electoral no podría condicionar nunca la labor de un juez.
El respeto por las actuaciones judiciales fue una coletilla utilizada machaconamente por el PP, como una especie de mantra, en todos los casos que los juzgados interfirieron en la labor política. Por muy dolorosas que fueran algunas de esas interferencias. Ese respeto fue invocando con la operación Campeón, que castigó de forma indolente la imagen del socialista José Blanco, pero también en todas las ocasiones que un tribunal puso en aprietos al PP: la certificación de obras de Agustín Hernández, la derogación parcial del decreto del plurilingüismo o la suspensión del proceso de elección del esposo de la conselleira de Sanidade.
Pero ese discurso mudó esta semana. En realidad, ya empezó a girar mucho antes en algunas opiniones vertidas en privado por dirigentes del PP que censuraban algunas actuaciones llevadas a cabo en el Concello de Santiago, especialmente la que desencadenó la condena por prevaricación de siete concejales populares, o las filtraciones de las conversaciones intervenidas a la portavoz del partido, Paula Prado, que acabaron precipitando su dimisión tras enmudecerla durante meses.
Cambio de criterio
La insistente apelación al respeto se convirtió el pasado jueves en la crítica más severa oída por boca de Feijoo. El líder del PPdeG oficializó el cambio de criterio al cargar contra la «sensación de falta de rigor» con que, en su opinión, actúa la Administración de Justicia en la operación Pokémon a través de «filtracións» de parte del sumario que «non benefician a ninguén».
La crítica la extendió también al caso de las multas de Lugo, invalidado por defecto dejando absueltos a todos los imputados, una suerte que en el PPdeG consideran que pueden correr otras causas abiertas en los juzgados de Lugo, como la operación Rei.
Pero la verdadera razón del giro dado por el PP no hay que buscarla en los defectos que pueda tener la instrucción de una causa, sino en el objeto investigado. Y lo cierto es que en los últimos pasos dados por la jueza De Lara para poner al descubierto la presunta financiación irregular de los partidos tocaron en el hueso del PP gallego. Empezando por su vicepresidente y portavoz en el Senado, José Manuel Barreiro; siguiendo por el alcalde de Ferrol y dirigente del municipalismo desde la Fegamp, José Manuel Rey; y continuando por la mano derecha de Carlos Negreira en el Concello de A Coruña, Julio Flores.
Se trata de tres puntales del partido en Galicia, de los motores de dos de las baronías provinciales del PP, la de A Coruña y la de Lugo, sin el concurso de las cuales no se puede entender el ascenso de Feijoo en el partido. La jueza De Lara pincha en hueso y eso para el PP son palabras mayores.