Dice ahora que los regidores de Arzúa y Vimianzo pueden seguir en sus puestos porque no están acusados de nada relacionado con la corrupción
28 jun 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El BNG acaba de trazar una línea divisoria entre imputaciones por corrupción y las de tipo administrativo procedentes de denuncias de otros partidos. Así, ha situado entre las segundas las de los alcaldes de Arzúa y Vimianzo, José Luis García López y Manuel Antelo, a los que no exigirá la dimisión tras ser imputados en distintas causas. El portavoz nacional, Xavier Vence, rechazó que el Bloque haya movido ni un milímetro su doctrina, al afirmar que su organización seguirá pidiendo la dimisión de los cargos encausados por corrupción y recordó que no tiene ninguno en esta situación.
Vence considera «completamente diferentes» las imputaciones por corrupción y las de tipo administrativo. Para el líder nacionalista, no es un problema la imputación de un alcalde, como el arzuano, por «realizar o asfaltado dunha rúa dos veciños da súa vila. Nós cremos que en todo caso haberá que ver se houbo algún tipo de procedemento administrativo que non foi adecuadamente seguido».
José Luis García, al igual que Manuel Antelo, tiene el respaldo del BNG para seguir en el cargo en espera de futuras resoluciones judiciales. En el caso del regidor vimiancés, Vence denunció una «estratexia política do PP que intenta derrubar un goberno do BNG cunha moción de censura que non prosperou».
El BNG, que en el caso de los siete concejales de Santiago condenados por prevaricación administrativa exigió sus dimisiones desde el mismo momento de la imputación, defiende la «tolerancia cero» con los encausados por corrupción, por lo que seguirá pidiendo la dimisión de los cargos públicos en este supuesto, de otros partidos «igual que llo pedimos aos nosos membros».
El regidor arzuano, José Luis García López, cuya imputación es consecuencia de unas diligencias abiertas por Pilar de Lara en el marco del caso Pokémon, dijo ayer que estaría dispuesto a dimitir «se o partido ou a oposición mo pedisen». No es el caso. En defensa del regidor nacionalista no solo ha salido el BNG, sino también los dos grupos de la oposición en el Concello.
Apoyo de la oposición local
Los portavoces de PP y PSdeG de Arzúa, Antonio Orois y Begoña Balado, consideran que los miembros de la junta de gobierno local en la que se aprobó la segunda factura relativa a las obras de pavimentación en dos calles de la urbanización privada de O Cubelo «non actuaron de mala fe». Se expresaron en iguales términos los concejales arzuanos, que confían en que tanto el actual alcalde como las edilas imputadas (Aurora Varela, María del Carmen Torreiro y Natalia Pereira) actuaron sin ser conscientes de que podían estar incurriendo en sendos delitos de prevaricación y malversación. A ese respecto, el alcalde defiende que no cometió «ningún delito» y añade que «aprobamos unha factura que non ten un informe negativo de Intervención, e cando é así, as facturas apróbanse». Además, «era unha factura pendente dunha obra do mandato anterior», añadió.
Los trabajos de pavimentación en O Cubelo se acometieron en el 2010, el último año al frente de la alcaldía de Arzúa de Xaquín García Couso (BNG), que, de momento, rehusó pronunciase sobre la imputación que también pesa sobre él como miembro de la junta de gobierno que aprobó la primera factura relativa a los trabajos. También están imputados los ya exediles Leonardo Bermúdez, Marisol Ríos y Xoán Xesús Carril.