Investigan si el alcalde de O Porriño retiró multas a clientes de su mujer

Luis Carlos Llera Llorente
Luis carlos Llera O PORRIÑO / LA VOZ

GALICIA

La Guardia Civil grabó conversaciones de Santos y dos concejales imputados

30 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

La operación Multiusos, que investiga presunta corrupción en O Porriño, tiene muchos frentes abiertos. Además de contratos presuntamente irregulares, delitos contra los derechos de los trabajadores y malversación de caudales públicos, la Guardia Civil investiga si el alcalde del municipio, Nelson Santos, retiró multas a conductores asegurados en la correduría de su mujer, María Alicia Romero.

La Policía Judicial «ha podido constatar la existencia de llamadas de teléfono en las que Nelson Santos, el teniente de alcalde José Manuel Jacobo y el concejal Manuel Alejandro Lorenzo, atienden demandas de personas referentes a la tramitación de multas», señala un informe del instituto armado incluido en el sumario.

Una testigo aseguró a los agentes que se relacionaban los expedientes sancionadores tramitados en el ORAL -el servicio de recaudación de la Diputación de Pontevedra- con la circunstancia de poseer seguro en la correduría Reale, dirigida por la mujer del regidor del PP.

El propio alcalde recibe el 21 de octubre una llamada de un tal Iñaki en el que este le comunica que quiere enseñarle la denuncia «para ver qué hacen». Quedan en verse a los dos de la tarde por el Ayuntamiento.

Las llamadas no solo las recibe el alcalde, sino también otros dos ediles de su mayor confianza, que están también imputados, el teniente de alcalde y responsable del área de Seguridad Ciudadana, José Manuel Jacobo, y el concejal de Empleo, Manuel Alejandro Lorenzo, que tiene a su cargo el multiusos de Torneiros, el pabellón que da nombre a la operación policial y donde se ubica Porriemprego, la agencia local que está en el centro de la trama de la investigación por 143 contrataciones presuntamente irregulares.

El 30 de septiembre del año pasado, Alejandro Lorenzo recibe un mensaje en el que se interesa por el estado de una multa de otra persona «quedando Alejandro en hablar con Dani, jefe de la Policía Local».

El 1 de octubre pasado el teniente de alcalde, José Manuel Jacobo, habla con una chica que dice ser Rosana. Ella asegura que el concejal le dijo que «no se preocupara de nada» y que al final le llegó una multa de 250 euros. «Él le dice que lo iba a solucionar con el ORAL», señala el informe de los investigadores. Seis días después, este mismo político, responsable del área de tráfico, escucha un mensaje de una mujer llamada Irene «que le pide que le solucione una multa de un perro en el ORAL».

El 17 de octubre el teniente de alcalde contesta una llamada del Ayuntamiento en la que le avisan de que un señor quiere hablar con él por el tema de una sanción de tráfico con recargo.

El día 21 el concejal de Empleo, Alejandro Lorenzo, tiene una conversación con un tal Daniel que le cuenta que «está preocupado por la multa, que si sabe algo que le avise. Contestando este que le llama en una hora». Ese mismo día el teniente de alcalde descuelga el teléfono y un conocido suyo, llamado Fonso, le indica que le llegó un multa del ORAL de 200 euros. «Jacobo le dice que le deje mirar y que ya le dirá algo».

La Policía Judicial asegura en un informe que «en las conversaciones tanto el señor Nelson Santos como los señores José Manuel Jacobo y Alejandro Lorenzo dan a entender que van a interceder de alguna manera para atender las demandas que les realizan».

Relación de multas

Por todo ello la Policía Judicial ha requerido al organismo de la Diputación que tramita los impuestos, multas y los recargos correspondientes, todos los expedientes sancionadores tramitados por el ORAL desde el año 2010 hasta noviembre del año 2013.

También ha exigido la relación de boletines de multas remitidos por la Policía Local al ORAL para su tramitación desde ese mismo año 2010 hasta fechas recientes. La Policía Local de O Porriño impuso en el primer fin de semana de entrada en vigor de la nueva ley de tráfico nueve multas de 500 euros cada una.