No solo lo encerraba en su despacho, en ocasiones, sin supervisión de adulto alguno, sino que, una vez, el acusado llegó a atar al pequeño unas horas con unas bridas hasta que una profesora se decidió a poner fin al castigo. Lo cierto es que estas medidas llegaron a oídos de la Inspección de Educación, cuya intervención fue seguida por la renuncia del imputado al cargo de director.
En su escrito de acusación, el fiscal mantuvo que estos «métodos de corrección (...) eran conocidos por el profesorado». Es más, sostiene que eran tolerados, «con mayor o menor intensidad, por la mayor parte del mismo por entender que la actitud del menor justificaba los métodos».
Aclara, en todo caso, que tales castigos no tuvieron consecuencias físico-psíquicas en el niño.