Condenado el exdirector de un colegio por obligar a un niño a desnudarse

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

GALICIA

La Xunta fue declarada responsable civil subsidiaria del pago de la indemnización

30 may 2014 . Actualizado a las 11:54 h.

En una breve vista oral que se fijó de manera sorpresiva en los últimos días, un exdirector del Colegio de Educación Infantil y Primaria Príncipe Felipe se declaró ayer culpable en la Audiencia de Pontevedra de una falta de vejaciones injustas de la que fue víctima un niño de 8 años. De este modo, entre otras cuestiones, reconoció que la víspera del noveno cumpleaños del pequeño lo castigo manteniéndolo desnudo de cintura para abajo.

Según indicó el fiscal del caso, el acusado asumió el pago de una multa por la falta, así como el abono de 9.500 euros en concepto de indemnización. La Xunta de Galicia accedió a ser declarada como responsable civil subsidiaria del pago de esta cantidad, toda vez que el centro y su profesorado dependen de la Administración autonómica.

Esta condena ha sido fruto de un acuerdo a cuatro bandas entre la Fiscalía, la acusación particular que ejercía la madre del pequeño, la defensa del acusado y el abogado de la Xunta. Inicialmente, el ministerio público había calificado la actitud del exdirector como constitutiva de un delito contra la integridad moral, cargo por el que solicitaba un año de cárcel, tres de inhabilitación y tres mil euros de indemnización, penas y dinero que el letrado de la familia elevaba considerablemente al entender que cabría hablar de un delito de torturas.

Sin embargo, una negociación in extremis -el juicio, en principio, se iba a celebrar en unos días- permitió alcanzar un acuerdo. El pacto, asimismo, permitió que se retirasen las imputaciones que sostenía únicamente la acusación particular contra la que fue jefa de estudios del centro. Eso sí, ayer se tuvo que sentar momentáneamente en el banquillo hasta que se formalizó su exoneración definitiva.

En cuanto a los hechos que se han declarado probados, su relato arranca en febrero del 2011 con la llegada del niño a la ciudad infantil Príncipe Felipe y su ingreso en el citado CEIP. Allí, «desde el primer momento, el menor presentó un comportamiento disfuncional en las clases», sostuvo el fiscal, sin que las distintas soluciones que se fueron adoptando en los días sucesivos corrigiesen su comportamiento.

A la vista de estas circunstancias, el por entonces director del centro asumió «las medidas correccionales». Las iniciativa que puso en práctica consistieron, «fundamentalmente, en encerrar al menor en un despacho», si bien, en una ocasión, lo mantuvo desnudo hasta que otro profesor lo convenció para que le devolviese la ropa.