El funcionario de Ourense que provocó la ruptura del PSOE gana su caso en el juzgado
GALICIA
El juez dice que la Administración resolvió fuera de plazo su solicitud de compatibilidad y le beneficia el silencio positivo
28 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La administración tiene un período de cuatro meses para resolver una solicitud de compatibilidad laboral, pues de otro modo obra el silencio positivo. Si una propuesta entra en el Rexistro del Concello de Ourense el día 30 de julio del 2013 (es decir, el día anterior a la desbandada vacacional de agosto) y si, además, el interesado dosifica luego de forma inteligente denuncias y recusaciones, desde el alcalde hasta la práctica totalidad de los concejales del grupo de gobierno local, el caso se complica. La compatibilidad laboral solicitada por el asesor jurídico adjunto del Concello de Ourense, Javier García Gago, provocó el pasado 13 de diciembre el cisma definitivo en el grupo municipal del PSOE, al haber abandonado el pleno los pachistas para no votar en contra de los intereses personales de un funcionario que les es cercano. Habían firmado un papel de pleno respaldo a su trabajo y al entrar a formar parte del expediente, tenían excusa para no votar ni a favor ni en contra. Ahora, como guinda a ese conflicto, un juzgado de lo contencioso acaba de anular todos los acuerdos municipales contrarios a los planes del funcionario. Y todo por razón de plazos, sin entrar en el fondo ni en su legitimidad.
Ni vale la resolución de la directora xeral de recursos humanos que denegó el 17 de diciembre la certificación de que tenía concedida la compatibilidad por silencio administrativo, ni el acuerdo plenario de 13 de diciembre, ni la resolución del 12 de febrero del 2014 por la que se comunicada al funcionario que de modo inmediato debía cesar en su puesto de trabajo como profesor asociado universitario si es que no lo había hecho, le decían. Y no, no lo había hecho, que el protagonista de este contencioso mantuvo la fe en todo momento y nunca llegó a renunciar.
El varapalo para el gobierno local es evidente. Javier García Gago, que había sido jefe de servicio de personal durante los últimos mandatos del PP y ahora es secretario de la sección sindical de la CIG, aparte de amigo personal y asesor reconocido de la sección pachista del grupo local del PSOE, ha promovido en los últimos meses varias acciones judiciales contra distintos miembros del gobierno local, señaladamente contra el alcalde Agustín Fernández y las concejalas Áurea Soto y Marga Martín. El equipo del regidor llegó al pleno de diciembre con informes técnicos internos que decían que el nivel de ingresos del funcionario superaba en el Concello de Ourense los ingresos máximos legales para poder optar a la compatibilidad, por lo que no se le podía autorizar a que añadiera otros 656 euros por la docencia como profesor asociado.
El juez, analizadas la fechas, no entra en valoraciones sobre otros aspectos que pudieran ser susceptibles de valoración para justificar la compatibilidad. Como que algunas clases se impartan en jornada matinal. Sencillamente, se excedieron los plazos, entiende el magistrado. «Habría transcurrido con creces el plazo de cuatro meses de que disponía la administración para resolver y notificar la resolución al interesado, por lo que se produjo la estimación de su petición -de compatibilidad- por silencio administrativo».
Aunque la sentencia deja claro en su texto que es firme, el gobierno local buscaba ayer alguna grieta para recurrirla.
El funcionario, sea como fuere, ya no necesita jornadas de vacaciones u horas sindicales para cubrir el horario docente, como se constata en el informe interno municipal correspondiente al primer trimestre del curso. El horario matinal lo compensa, según los pachistas dijeron en un escrito, estando a disposición casi de servicio permanente.