Un año de cárcel para una extécnica de Cabana por imponer condiciones ilegales de trabajo
GALICIA
Al menos seis personas trabajaron de forma prácticamente gratuita en el concello coruñés
27 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El Juzgado de lo Penal número 4 de A Coruña condenó Ana Martina Varela Velo, extécnica de empleo del Concello de Cabana, a un año de prisión y cinco meses de multa a razón de 5 euros diarios por «un delito continuado contra los derechos de los trabajadores, en la modalidad de imposición de condiciones ilegales de trabajo».
Ana Martina Varela es conocida por su faceta de abogada y opositora al proyecto de la mina de Corcoesto. De hecho, representó a la zona en el Parlamento Europeo.
Los hechos por los que ha sido juzgada nada tienen que ver con su defensa del medio ambiente. Ocurrieron hacen más de diez años cuando ella era técnica municipal de empleo en Cabana, donde entonces era alcalde el socialista Enrique Díaz. En la sentencia el Concello aparece como responsable civil subsidiario en las indemnizaciones a los extrabajadores que fueron engañados, según aparece en los hechos probados de la sentencia, que reconoce la posible participación de terceras personas en la trama por la que al menos seis personas trabajaron de forma prácticamente gratuita para el Concello de Cabana.
Entre los años 2002 y 2003 propuso a varias personas que trabajaran para el Ayuntamiento «haciéndoles creer que su labor para el ente local lo realizaban a través de una beca que concedía una asociación con sede en Ourense». En algún caso citó que la entidad era CIMO, que se presentó como acusación particular, puesto que nada tenía que ver con el caso.
Con este sistema consiguió que esas personas estuvieran «sin que les abonasen los salarios y ahorrándose la citada administración municipal todos los costes laborales de los trabajadores, llegando a convencer a varios de ellos la acusada para que se dieran de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social mientras prestaban sus servicios, en la creencia de que las cuotas les serían abonadas ulteriormente». Cuando los supuestos empleados protestaban porque no cobraban «les hizo entregas de dinero, bien en efectivo bien mediante transferencia o ingresos bancarios en los que en alguna ocasión hacía constar el nombre de CIMO, para mantener el artificio creado».
Una de las afectadas que estuvo empleada trece meses «creía ser contratada o becada para realizar tareas contables». Le entregaron una certificación firmada por el secretario, ya fallecido, y con el visto bueno del alcalde Enrique Díaz, conforme trabajó dentro de un programa llamado Emprende de la entidad CIMO. El documento «no era real» porque nada de ello existía «ni se firmara convenio alguno»,
En la sentencia se asegura que aunque no le correspondía realizar contrataciones «sí estaba entre sus cometidos las gestiones de becas y subvenciones», modo en que realizaban las prestaciones los perjudicados, algunos de los cuales llegaron a cobrar lo que se les debía cuando llegó el siguiente regidor, José Muíño, a la alcaldía.