Los sindicatos arrecian en su ofensiva judicial para exigir parte de una extra del 2012

El conflicto judicial creado en torno a la retirada de la paga extra de diciembre del 2012 a 95.000 trabajadores de la Xunta y de las universidades se acrecienta a medida que pasa el tiempo. Mientras el Gobierno de Feijoo sigue firme en su determinación de aguardar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, los sindicatos continúan con su ofensiva para reclamar en los juzgados la parte de esa paga que los empleados ya habían devengado cuando entró en vigor la norma del Gobierno de Rajoy que la retiró.

Las cuatro centrales de la función pública (CIG, CC. OO., UGT y CSIF), que van de la mano en esta reivindicación, aseguran que ya han rebasado las 400 recursos judiciales presentados. Pretenden conseguir así que esos 95.000 empleados queden amparados por el criterio de cientos sentencias individuales emitidas en Galicia y en el resto de comunidades, que recogen el derecho a esa devolución parcial de la extra. De acuerdo con esas sentencias, la Administración tendría que reintegrar al personal funcionario y estatutario el equivalente a 45 días que ya había devengado desde el 1 de junio hasta la retirada de la paga, el 14 de julio. Eso equivale a unos 300 euros. Al personal laboral le correspondería algo menos, unos 100 euros, ya que comienzan a generar la extraordinaria de diciembre el 1 de julio. En total, los sindicatos calculan que la Xunta tendría que reintegrar a los 95.000 trabajadores afectados unos 25 millones, con una media de algo más de 260 euros por empleado.

Tres comunidades ya devuelven

Las centrales sindicales recriminan al Gobierno gallego su insistencia en aferrarse al fallo del Constitucional, en lo que CSIF ve un intento de ganar tiempo para retrasar al máximo el abono parcial de la paga. En este sentido, la Xunta maneja la previsión de que el pronunciamiento tendrá lugar en junio, de acuerdo con las estimaciones que le ha trasladado el Gobierno central. El Ejecutivo de Feijoo ha optado por no seguir el camino que hasta ahora han emprendido ya Castilla y León, y Extremadura, las dos con gobiernos del PP, y Canarias. Las tres comunidades han cerrado acuerdo con los representantes de los empleados públicos por los que acatan las sentencias emitidas y pactaron con los sindicatos un itinerario para la devolución de la parte que les corresponde de la extra de diciembre del 2012. Aunque las centrales han pedido a la Xunta que haga lo propio, Facenda se mantiene en la misma línea que la conselleira, Elena Muñoz, ratificó hace dos semanas en el Parlamento.

En esa tesitura, los cuatro sindicatos han alertado sin éxito al Gobierno autónomo del perjuicio económico añadido que un aluvión de sentencias puede crear para las arcas de la comunidad. De hecho, calculan que el posible pago de las costas judiciales puede acarrear que la Xunta tenga que desembolsar 25 millones adicionales a los 25 que estiman de las devoluciones de la extra que el Ejecutivo de Rajoy retiró en el 2012 a más de 2,5 millones de funcionarios en España.

Los sindicatos, convencidos de que el pronunciamiento del Constitucional no irá en contra del sentido de las sentencias emitidas por cientos de jueces en todo el país, esperan que el Gobierno gallego acceda a negociar una solución antes del verano. En caso contrario, están decididos a redoblar su ofensiva en todos los juzgados y contratar más abogados para poder presentar hasta 500 reclamaciones individuales por semana. Hasta ahora ya hay sentencias que dan la razón a los trabajadores en ámbitos como el docente (30.000 empleados), el sanitario (más de 33.000) o el Consorcio de Benestar.

En paralelo a las demandas sobre la paga del 2012, las centrales trabajan en la presentación de conflictos colectivos por la extra de junio del 2013 que retiró la Xunta. El Tribunal Superior de Xustiza ya falló a favor de los sindicatos en el conflicto por el que reclamaron el abono de la parte de esa paga devengada por el personal laboral. La Xunta recurrió ese fallo al Supremo.

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