El PP se agarra a la absolución

M. Cheda SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Currás, con su número dos Reyes Leis, guarda silencio sobre la imputación de los ediles.
Currás, con su número dos Reyes Leis, guarda silencio sobre la imputación de los ediles. Á. ballesteros< / span>

El partido ciñe por ahora a un expediente disciplinario su actuación contra los acusados

08 may 2014 . Actualizado a las 10:43 h.

«Honradamente, hay que ser contundente contra la corrupción. Y, para ello, no cabe la precipitación. La contundencia y la precipitación son incompatibles». «Sé que tengo que actuar, lo sé. Y lo haré. Por eso estoy muy interesado en conocer el devenir de las actuaciones judiciales. Porque no puedo hilar una respuesta concreta cuando no hay un proceso completado, cuando no tengo toda la información. ¡Es que no puedo!». «Si unos señores están imputados porque en un trámite administrativo se ha seguido o no se ha seguido un informe, eso no es corrupción en sentido estricto». «Que vayan a juicio no es una situación que me guste y ya he ponderado sus riesgos, [...] pero no puedo actuar en contra de mi conciencia, hacer las cosas que me vayan bien a mí, pero no a los demás. Eso no sería justo».

Todas ellas referidas al lío de Santiago, algunas publicadas y otras no, esas frases las pronunció Alberto Núñez Feijoo, a preguntas de La Voz, el 11 de abril, cuando el presidente del PPdeG ya intuía lo que ayer se confirmó: que el gobierno de la capital de Galicia, de su mismo partido, se sentará en el banquillo de los acusados, seis días antes de los comicios europeos, por supuesta prevaricación.

Dos semanas más tarde, en otra entrevista con este periódico, el secretario xeral de los populares, Alfonso Rueda, se expresaba en términos similares. Y añadió: «No vamos a juzgar nosotros lo que los jueces no han juzgado. Yo no puedo adelantar un veredicto. [...] Por lo que he visto de la actuación de esos concejales, y he estudiado el expediente, y he leído los informes que los avalaban, obraron en todo momento de buena fe y sin ninguna intención de cometer un delito, en todo caso».

Pero ayer, donde había locuacidad, se impuso el silencio. Conocido el auto de la Audiencia Provincial de A Coruña, ni el uno ni el otro quisieron hablar sobre el tema. Lo hará este mediodía el jefe del Ejecutivo autónomo, tras la reunión semanal de su Gabinete. De modo que, hasta que se produzca esa comparecencia pública, no habrá quedado fijada de manera oficial la postura de los populares sobre el multiprocesado equipo de Ángel Currás. Sin embargo, de acuerdo con el entorno de ambos líderes, ninguno de los dos ha mudado de parecer.

Y eso, salvo giro súbito, significa que, inexplicablemente para muchos, para ellos la vida sigue. Que los conservadores renuncian a apuntarse ya el tanto de las destituciones, que están dispuestos a pagar el peaje electoral de la foto ante su señoría, que se agarran a la absolución. O sea, lo que se dice tirar p?alante. Un principio, el p?alantismo, muy de la escuela Rajoy.

Alega el PPdeG que este caso no va de meter la mano en la caja, sino de un proceder administrativo, a su entender, correcto. Aduce también que la Justicia no ha impuesto a los siete ediles medidas cautelares, una línea roja en la doctrina Feijoo cuya superación equivale a cabeza rodando. Igualmente, esgrime que ya ha aplicado a esos concejales los estatutos de la formación: primero, al ser imputados, abriéndoles un expediente informativo y luego, tras ser llamados a juicio oral, convirtiendo el dosier en disciplinario, como marca el artículo 39.2 de las citadas normas internas.

El siguiente paso, según dichas reglas, que datan del 20 de enero del 2013, corresponde avanzarlo cuando el Juzgado de lo Penal número 1 de Compostela dicte sentencia. Si absuelve a los munícipes, cerrando la investigación; si los condena, expulsándolos del partido, con independencia de que alguno de ellos decidiese recurrir en segunda instancia un hipotético fallo condenatorio para continuar un tiempo en la corporación y cobrando del erario.

Las directrices del PPdeG, por tanto, avalan la inhibición de su presidente. Y las del PP español, un código de buenas prácticas aprobado el 21 de diciembre del 2009. Pero estas últimas, si quisiera, también lo facultarían para ir más allá, forzando ya una salida de los acusados. Porque la cláusula 3.8 de ese texto habilita a la organización a solicitar a sus cargos electos que renuncien al puesto «cuando considere que su permanencia en el mismo daña a la propia formación o a la institución pública», o sea, a la imagen del Concello.