Muchos cazadores implicados repitieron el examen en la última convocatoria
30 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El escándalo ocasionado tras conocerse la existencia de una trama, liderada por funcionarios autonómicos, que vendió entre el 2007 y el 2012 más de 800 licencias de caza de forma fraudulenta sigue todavía en el punto de mira de la Xunta y del Consello Consultivo de Galicia. El Gobierno gallego recurrió a este órgano de carácter técnico jurídico para asesorar a la Consellería de Medio Ambiente a la hora de respaldar la anulación de cada uno de los permisos para cazar que fueron obtenidos de manera fraudulenta. Y, aunque las cosas de palacio van despacio, el Consello Consultivo ha empezado a pronunciarse sobre cada expediente, y de forma individual, a través de dictámenes en los que avala la anulación inicial que ya hace algunos meses la Xunta empezó a tramitar.
Este negocio ilícito, que tenía ramificaciones en buena parte de Galicia y que se destapó hace poco más de un año, ha dado pie desde entonces a sanciones administrativas y otras penalizaciones que no han dejado de llegar por correo ordinario a los aficionados a la actividad cinegética que, mediante un pago en metálico, obtenían las licencias para cazar sin superar el obligatorio examen. Es más, algunos de los cazadores que se beneficiaron en Barbanza de este sistema fraudulento aseguran a La Voz que en la última convocatoria para obtener este permiso, que tuvo lugar en otoño, se notó un aumento considerable de aspirantes que querían tener el documento cumpliendo la norma.
«¿E como non iamos ser máis ca nunca facendo o exame se moitos cazadores obtivemos este permiso sen pasar a proba obrigatoria durante moito tempo? Dise que foron uns seis anos os que se venderon estes permisos en moitísimos concellos, así que vota contas. A xente quere seguir cazando e para iso non queda máis remedio que pasar polo aro, por iso este ano presentouse máis xente que nunca», explica un cazador que compró su licencia de caza por un precio que osciló entre los 120 y los 150 euros.
Una trama liderada por funcionarios que se lucró vendiendo 820 permisos
Hecha la ley, hecha la trampa. Desde que la Dirección Xeral de Conservación da Natureza, que depende de la Consellería de Medio Ambiente, fijó en el 2007 la obligatoriedad de realizar exámenes para obtener licencias de caza algunos trabajadores públicos vieron la oportunidad de alimentar sus carteras de forma fraudulenta. Para esto fue fundamental la ayuda de una red de colaboradores desplegados por buena parte del territorio gallego que iniciaron una campaña para captar clientes. La oferta estaba clara: conseguir la licencia sin hacer el examen a cambio de dinero.
Y así fue como se puso en marcha esta trama destapada en el 2012 por personal de la misma Consellería de Medio Ambiente. La última cifra oficial señala la magnitud del fraude: 820 permisos vendidos por la puerta de atrás, de los que el 40 % fueron despachados durante el bipartito de Touriño y Quintana, y el 60 % en el mandato de Feijoo. Es más, el año 2009, coincidiendo con el cambio de Gobierno, los cerebros de este negocio ilícito aprovecharon el escenario de transición para alcanzar un pico en sus beneficios con 250 permisos vendidos.
Una parte de este puzle que todavía está sin resolver es la relacionada con las imputaciones judiciales, que siguen su curso. Igual que los expedientes abiertos a los funcionarios acusados de liderar la trama. Lo que sí se conoce desde julio -coincidiendo con el último Consello da Xunta antes de iniciar las vacaciones de agosto- es el discreto cese del director xeral de Conservación da Natureza, Ricardo García Borregón, departamento que acumuló, entre este escándalo y otro relacionado con numerosas muertes de lobos en Barbanza, polémicas que llegaron al Parlamento gallego sin que se dieran respuestas claras sobre lo ocurrido.