Los alcaldes dudan de la legalidad de la subida de Sogama al negar el pago varios interventores
GALICIA
En los contratos suscritos por los concellos solo se contempla la posibilidad de incrementos en las tarifas en función de la evolución del IPC
24 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Los alcaldes gallegos han optado por verificar jurídicamente la legalidad de la subida del 34 % que Sogama y la Xunta han decidido aplicar al canon que los ayuntamientos pagan anualmente a la sociedad pública por el tratamiento de sus residuos. La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) acordó ayer por unanimidad en su comisión ejecutiva encargar un dictamen jurídico externo para que especialistas legales manifiesten si la subida aplicada este año contraviene los contratos suscritos por los concellos con Sogama, donde, según señalan, solo se contempla la posibilidad de incrementos en las tarifas en función de la evolución del IPC.
Según manifestaron varios regidores ante el órgano de representación local, sus interventores municipales habrían vetado el pago del incremento decidido por Sogama al mantener que no está contemplado en el contrato suscrito con la sociedad.
Además de solicitar el dictamen jurídico, con cuyas conclusiones cada alcalde actuará respecto al pago según crea conveniente, varios regidores adelantaron también que someterán a sus secretarios e interventores la decisión final sobre si acatar la subida del canon o no.
De igual manera que los regidores del PP, PSOE y BNG se pusieron de acuerdo en encargar el citado informe y aprobar los presupuestos de la Fegamp (1,13 millones de euros), también pactaron por unanimidad plantear a la Xunta la creación de una mesa de trabajo conjunta para estudiar el futuro mapa de residuos de Galicia para abordar las posibles alternativas a mayores de las que brinda Sogama, que gestiona las basuras de 296 de los 314 ayuntamientos de la comunidad.
Otros reparos: Las competencias
A las dudas legales respecto a la subida del canon, alcaldes socialistas y nacionalistas también subrayan que la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración impulsada por el Gobierno central elimina el tratamiento de basuras de las competencias de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Ese ámbito, entre otros y según el nuevo texto legal, pasa a ser competencia de las diputaciones provinciales, por lo que dichos regidores estiman que quedarían exentos del pago del canon.