La discutida norma del Gobierno de Rajoy para disciplinar los ayuntamientos y fortalecer las diputaciones complica la gestión municipal y refuerza el rol fiscalizador del interventor
21 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Su gestación fue un despropósito y su aplicación está provocando colapsos en la actividad de los concellos. Despreciada por el municipalismo, sin distinción de colores políticos, y cuestionada incluso por el Ejecutivo de Feijoo, que ha tramitado un proyecto de ley que básicamente busca dejarlo todo como está, la reforma local ya está complicando la gestión cotidiana de los ayuntamientos. La interpretación restrictiva que hacen del nuevo marco legal los interventores, reforzados en un papel fiscalizador que los convierte en el coco de los alcaldes, está creando problemas hasta para la contratación de socorristas.
La clave de la reforma está en la nueva regulación que introduce de los servicios que prestan los concellos. Determina que deberán atender los siguientes: alumbrado público, cementerio, recogida de basura, limpieza viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías públicas, y control de alimentos y bebidas. A mayores, los municipios de más de 5.000 habitantes tendrán que ocuparse de parques públicos, bibliotecas, mercados y del tratamiento de residuos. Los de más de 20.000 vecinos sumarán a los anteriores protección civil, servicios sociales, prevención y extinción de incendios, e instalaciones deportivas de uso público. Y los que superen los 50.000 deberán gestionar el transporte colectivo urbano y la protección del medio ambiente. Además, la reforma contempla que los concellos podrán prestar otros servicios con carácter opcional, y siempre que les sean delegados por el Estado o la Xunta. Ahí entran desde la «atención inmediata» a personas en situación o riesgo de exclusión, a la creación, mantenimiento y gestión de centros de primer ciclo de educación infantil. La lista incluye servicios sociales de los que ya se ocupan muchos municipios, como promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer. Ahí entran la conservación de centros sanitarios asistenciales de la Xunta, y la creación, mantenimiento y gestión de escuelas infantiles.
El problema surge con las líneas rojas que traza la reforma para que los concellos puedan ejercer nuevas competencias, distintas de las propias y de las atribuidas por delegación. La ley solo lo permite «cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal». En ese caso, la Administración que tenga atribuida la materia en cuestión deberá emitir un informe previo en el que acredite que no se dará una duplicidad en la prestación de ese servicio y no se pondrá en riesgo la solvencia financiera del ayuntamiento.
Aquí surge el problema. La norma crea dudas en los ayuntamientos, y los alcaldes están a expensas de la lectura que realicen los interventores sobre lo que pueden hacer o no. Muchos concellos ya han trasladado a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y a la propia Xunta esas dificultades. Los ámbitos en los que se están detectando más problemas son la contratación de personal para brigadas contra incendios, oficinas de atención a la juventud, mantenimiento y trabajadores de casas de acogida, y escuelas de música y conservatorios. Los concellos también tienen dudas sobre a qué Administración corresponde atender determinados servicios y cuándo pueden solicitar algunas subvenciones.
La respuesta de la Xunta a esas dificultades que bloquean el normal funcionamiento de los concellos es el proyecto de Lei de Medidas Urxentes, que salva el origen del problema al determinar que las competencias que ya están prestando los concellos no serán consideradas como nuevas. La regla se extiende a la ampliación de servicios. Por ejemplo, un ayuntamiento con servicios sociales podría incorporar otro de asistencia a mujeres víctimas de violencia sin que compute como nuevo. En ese sentido, la norma autonómica solo considera nuevas las competencias incorporadas a partir del pasado 1 de enero, es decir, desde que entró en vigor la ley de la reforma local. A la Xunta también le interesa preservar en lo posible el mapa de servicios actual. Asumir todos los que prestan los concellos le costaría casi 300 millones al año.
Papel de las diputaciones
En paralelo a las limitaciones que impone a los ayuntamientos, la reforma local fortalece a las diputaciones, en pleno debate sobre su supresión. En los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son 292 de los 314 de Galicia, las diputaciones coordinarán la prestación de los servicios básicos (como basuras, agua, alumbrado viario, pavimentación y accesos a núcleos), y realizarán el seguimiento de los costes efectivos de los que desempeñen los concellos de la provincia. Cuando detecte que son superiores a los que coordina o presta ella, la diputación ofrecerá una gestión coordinada. Los alcaldes se ven desbordados por los cambios de la reforma y maniatados por el poder de los interventores.