La jueza de Lugo ordenó la apertura de una caja de seguridad de la firma, creada por un hombre de paja, y el bloqueo de sus cuentas
27 mar 2014 . Actualizado a las 11:26 h.La instructora de la Pokémon no descarta que la empresa Decon Construcciones Servicios y Contratas del Noroeste sea una tapadera creada para dar cobertura legal y encubrir los sobornos de 3.500 euros que mensualmente el grupo Vendex pagaba a cargos públicos de Lugo. Pilar de Lara trata de inmovilizar a esta firma y, como primera medida, ordena que se abra una caja de seguridad que tiene en una entidad bancaria y que se retengan todos los saldos superiores a 3.000 euros que pueda haber en cuentas a nombre de la sociedad o del titular de la misma, el lucense Demetrio Arias, considerado como un hombre de paja del exconcejal lucense, Francisco Fernández Liñares. Es, además, cuñado de Javier Reguera, considerado representante de Vendex en Lugo.
Demetrio Arias, figura imputado en la Pokémon, por su participación en la polémica empresa de la grúa de Lugo. Los datos disponibles hacen pensar a los investigadores que es un testaferro puesto por los demás socios, concretamente por Javier Reguera, el encargado de la ORA de Lugo y por el exedil Fernández Liñares. «No deja de resultar representativo que, a pesar de ser socio y administrador, no tuviera ni la más mínima idea del funcionamiento de la sociedad, ni firma autorizada en los bancos», indica la jueza en un auto en el que recuerda, además, que ni tan siquiera asistía a las juntas, ni recibía cantidad alguna de las que se pagaban periódicamente con cargo a la caja B de la empresa.
Sede social en Portomarín
Demetrio Arias y su esposa constituyeron el 7 de enero del 2008 la empresa Decon, con domicilio social en una aldea de Portomarín. Alguno de sus objetivos sociales son los de hacer obras hidráulicas o marítimas, viaductos, inspección sanitaria, agencia de viajes, servicios de transporte de cualquier tipo de personas y mercancías, control de tráfico y estacionamiento de vehículos y servicios de radio, televisión y agencia de noticias. «Un objetivo social amplísimo para nada relacionado con la actividad de los investigados», dice la jueza en su escrito, en el que también recuerda que Demetrio Arias fue conductor de grúa y trabajador de una pizzería. Su mujer se encargó de un establo. La empresa que constituyeron ambos nunca llegó a prestar declaraciones fiscales.
La alarma saltó para los investigadores cuando, en el registro efectuado por Vigilancia Aduanera en la casa del dueño de Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, apareció un contrato privado de servicios, firmado siete meses después de constituirse la empresa para la supervisión y control de la prestación del control de los parquímetros y estudios para su reubicación por baja recaudación. El precio del contrato es de 3.500 euros mensuales.
A los investigadores de Vigilancia Aduanera les llamó la atención que un grupo nacional, Vendex, contratase para un trabajo que requiere cualificación a una empresa cuyos socios no tienen experiencia en el sector.
Antes de la adjudicación
Además, el acuerdo se firmó durante el proceso de licitación por parte del Concello de Lugo de Lugo y mucho antes de la fecha de adjudicación del servicio. Esta circunstancia hace que la jueza no descarte que el dueño de Vendex, Gervasio Rolando Acosta; su delegado en Galicia, José María Tutor, y su represente en Lugo, Javier Reguera, tuviesen conocimiento de que la empresa Doal sería la adjudicataria final del servicio. «No se entiende -expresa la jueza en un auto- que obligándose la empresa [la de la ORA] a tener un número de trabajadores determinado y un encargado, tenga que encomendar la labor de supervisión de los parquímetros a una empresa externa».