Un cargo del ADIF atribuye a Fomento la decisión de cambiar el proyecto en Angrois

Pablo González
Pablo González SANTIAGO

GALICIA

Otros cuatro testigos admiten que la hoja de ruta del maquinista del Alvia no tiene por qué reflejar con exactitud la seguridad de la línea

28 mar 2014 . Actualizado a las 12:57 h.

Cinco cargos técnicos del ADIF declararon ayer como testigos en Santiago y, aunque sus testimonios son ya una importante arma para la estrategia de defensa del maquinista, fuentes consultadas cuestionan que de ellos puedan derivarse imputaciones inminentes en la causa por el accidente de tren de Santiago, en el que murieron 79 personas. Pedro González Paniagua, director de Planificación y Recursos de Alta Velocidad, y sus subordinados José Estrada Guijarro, Luis Carlos Sánchez López y Luis Santos del Cura se centraron en la falta de concordancia entre la hoja de ruta del maquinista -el libro horario y el cuadro de velocidades máximas- y los elementos de seguridad que realmente estaban dispuestos en la vía. Pero fue la declaración de Alfonso Ochoa, director de Mantenimiento y Explotación del ADIF, la que arrojó más luz sobre la modificación del proyecto de la línea Santiago-Ourense a la entrada de Santiago en julio del 2010, cambios que finalmente redujeron las prestaciones de seguridad.

Alfonso Ochoa, que entonces siguió muy de cerca este proceso como director de ingeniería, aseguró que esta decisión no se tomó a iniciativa del ADIF, sino que la orden llegó de Fomento, cuando en el ministerio estaba al mando José Blanco. A pesar de las insistentes preguntas de los abogados y del fiscal, que se mostró muy interesado en este asunto, el técnico del ADIF se negó a precisar de qué cargo partió la consigna de no instalar los intercambiadores de ancho y dejar el sistema ASFA a partir del kilómetro 80.

En cualquier caso, Ochoa desvió la responsabilidad hacia la esfera del ministerio, un departamento que hasta ahora se ha mantenido cómodamente al margen de las responsabilidades que se dirimen en la causa. No obstante, alegó que cree que el sistema ASFA, a pesar de los trágicos resultados en la curva de Angrois, es «seguro».

Pese a que Ochoa tenía responsabilidades en materia de seguridad como director general en el 2012, declaró que la decisión de desconectar el ERTMS embarcado en el Alvia le vino dada por el director de Seguridad en la Circulación. No tuvo margen de maniobra al respecto porque quien optó por desactivar este sistema puede tomar decisiones de este tipo de forma autónoma. También en este asunto optó por desviar la responsabilidad a otros niveles.

Libro horario

Por otra parte, en la hoja de ruta del maquinista Francisco José Garzón Amo, a la que el ADIF da la mayor relevancia como elemento de seguridad, el ERTMS -el sistema más seguro que monitoriza la conducción- figura hasta el kilómetro 85, es decir, más allá de la curva de Angrois, donde se produjo el accidente. Pero lo cierto es que, como reconocieron los declarantes, la zona del siniestro no está cubierta por las balizas ERTMS, sino por el sistema ASFA, que en ningún caso forzaba el frenado. Explicaron que los documentos del maquinista no tienen por qué detallar la realidad de los elementos de seguridad de la línea, en parte porque la indicación de ERTMS que aparece en un margen del cuadro de velocidades no refleja el punto concreto, sino un tramo de la línea. Añadieron que este es un criterio que se aplica a otras líneas de alta velocidad.

Manuel Prieto, abogado del maquinista, aseguró a la salida de las declaraciones -que se prolongaron desde las 9.30 hasta las 17.30 horas con un descanso de apenas 30 minutos - que los testigos vinieron a decir que «no pasa nada si en el documento figura un sistema de seguridad y luego no existe en la vía», aunque incidió en la contradicción de que el ADIF justificara la deficiente señalización en que el maquinista se guiaba por unos documentos que, en realidad, no son del todo precisos.

Otro asunto al que el juez Luis Aláez da mucha importancia es si el tramo en el que se produjo el accidente puede considerarse de alta velocidad. Todos los cargos coincidieron en que lo era, pese a lo declarado por altos responsables del ADIF y Fomento poco después del accidente.