El Tribunal Supremo ha anulado las normas urbanísticas que con carácter provisional impuso la Xunta en el año 2007, entonces con el gobierno bipartito PSOE-BNG, para regular la construcción en Barreiros, y que hasta ahora estaban en vigor. El Supremo da así la razón a un grupo de promotores que alegaron y abre la posibilidad de que se reclamen indemnizaciones millonarias por el lucro cesante por las obras que no se pudieron ejecutar. Otras, paralizadas, se podrían retomar.
La sentencia, que es firme, se comunicó ayer a las partes. Una de ellas la confirmó a La Voz, aunque sin concretar los detalles. El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente (PP), también fue informado, pero evitó pronunciarse hasta tener el fallo en su poder. En todo caso, apuntó que de ser cierto se confirmaría que la intervención del bipartito de la Xunta en el urbanismo de Barreiros fue una decisión política y que se tomó al municipio como cabeza de turco.
A finales del año 2006 el Gobierno de la Xunta decidía suspender las normas urbanísticas de Barreiros y retirar a la junta de gobierno local la competencia para otorgar más licencias, después de que en menos de un año el Colegio Oficial de Arquitectos visase proyectos para hacer más de 6.000 viviendas en Barreiros, un municipio de la costa de Lugo con un censo de poco más de 3.000 habitantes. Con esa decisión y con las demandas contra las licencias que presentó, el urbanismo se paralizó. En febrero del 2007 la Xunta aprobaba una normativa provisional que prácticamente impedía hacer nuevas promociones, y que estaría en vigor hasta que se aprobase un nuevo Plan General de Ordenación Municipal, lo que todavía no se ha hecho.
El fallo del Supremo se basa en errores de forma en los que incurrió la Xunta, por no exponer las nuevas normas a información pública. Con ellas muchas propiedades se devaluaron y hubo promociones que quedaron fuera de ordenación, que ahora se podrían retomar. Hace unos días el Concello de Barreiros y la Xunta ganaron una demanda contra un promotor que reclamaba 9,6 millones por no haber podido ejecutar cuatro licencias que, entendía, le habían sido concedidas por silencio administrativo. El fallo, que es firme, salvó de la bancarrota al Ayuntamiento.