Aprobaron cargar al Concello la defensa de un imputado en la Pokémon
26 feb 2014 . Actualizado a las 14:14 h.El terremoto que ha supuesto para el gobierno local de Santiago la imputación por prevaricación de los siete ediles que en junta de gobierno aprobaron que el Concello pagase la defensa legal de su compañero Adrián Varela, concejal de Deportes imputado en la Pokémon, ha abierto una auténtica sima en el ejecutivo que preside Ángel Currás. Esa grieta es enorme y al fondo hay un panorama nada halagüeño para los populares compostelanos, ya que todo apunta a que los siete ediles tendrán que sentarse en el banquillo, lo que en virtud del código ético interno del PPdeG podría obligarles a presentar su dimisión, dejar sus actas y abandonar el Ayuntamiento.
Por el momento, la dirección regional del PP gallego no va a pronunciarse sobre la posibilidad de pedir la dimisión a los siete concejales. Quiere esperar a que se resuelva el recurso contra el auto de la jueza de Santiago Ana López Suevos en el que, tras concluir la instrucción del caso, decretó que ve indicios de delito y envía la causa al fiscal para que la archive o formule escrito de acusación.
Es improbable que el fiscal tome la decisión de archivar el caso. Hay que recordar que fue la propia Fiscalía de Santiago la que presentó la denuncia ante la magistrada tras recibir una denuncia de un particular.
De ese modo, cuando el recurso contra el auto llegue a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, si decide rechazarlo, el fiscal formulará acusación contra los siete concejales y se anunciará la apertura de vista oral. Es decir, habrá un juicio y será en ese momento cuando el PPdeG tenga que tomar una decisión incómoda y decantarse por dejar el asunto correr o exigir la dimisión a sus concejales.
Dado que la jueza López Suevos ha decidido tramitar el caso como un procedimiento abreviado, el plazo será breve y todo apunta a que en más o menos un mes el fiscal tendrá que decidir si se celebra o no un juicio.
Expediente disciplinario
Cuando se imputó a los siete concejales que formaban la junta de gobierno compostelana, el PPdeG, como recogen sus estatutos, abrió un expediente informativo. En el caso de que haya un juicio, este expediente se transformará inevitablemente en disciplinario. Pero eso no significa que tengan que dimitir, ya que la medida afecta únicamente a su condición de afiliados.
Los siete ediles afectados son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Noya y Luis García Bello. Aquel 30 de mayo del 2012 en el que acordaron pagar con dinero público la defensa legal del edil de Deportes, Adrián Varela, tras su imputación en la operación Pokémon, no acudieron a la junta de gobierno ni el regidor, Ángel Currás, ni la primera teniente de alcalde, Reyes Leis. Ambos estaban de viaje oficial juntos.
La jueza considera que prevaricaron porque se saltaron la ley pese a que el informe del secretario -un tanto ambiguo- les señaló que solo podían tomar esa decisión si se cumplía con las exigencias que fijó el Tribunal Supremo en su sentencia del 4 de febrero del 2002. López Suevos entiende que no se cumplieron, porque el acuerdo se tomó antes de que el edil Adrián Varela declarase, cuando el sumario estaba bajo secreto y, por tanto, antes de que -como exige el Supremo- se conozca si el afectado ha sido absuelto o si su caso se archiva. Es decir, que la Administración solo puede pagar el abogado de políticos o funcionarios inocentes. Además, los cargos que se le imputan son de corrupción, por lo que no emergen directamente de su actividad como edil.
Cuando saltó el escándalo al conocerse el acuerdo, Adrián Varela renunció a que el Concello le pagase el abogado.