El discurso político frente a las operaciones anticorrupción es un breviario manido y vacío que comparten el PP y el PSOE, empeñados en reincidir en los mismos tópicos. Los responsables políticos reinciden una y otra vez en estas letanías
23 feb 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Pocas dimisiones o ceses, pocos expedientes disciplinarios y pocas consecuencias en el ámbito político de las operaciones anticorrupción que varios juzgados gallegos han desplegado últimamente. Sin embargo, al calor de estos macroprocesos ha surgido un discurso monolítico y repetitivo que al menos sirve de parapeto a los dos grandes partidos, PP y PSOE, para que las causas judiciales tengan de momento escasas consecuencias en el ámbito de la política. Como si fuera un breviario, los responsables políticos reinciden una y otra vez en estas letanías, que a fuerza de repetirse se han convertido en tópicos. En muchos casos se trata además de obviedades previstas por el derecho procesal o por la propia Constitución. Solo la solemnidad con la que se enuncian puede hacerlas parecer menos evidentes.
La socorrida presunción de inocencia
«Creo na presunción de inocencia das persoas, con independencia da súa afiliación política», decía el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. El presidente Feijoo, también al hilo de la operación Pokémon, defendió la «presunción de inocencia de alcaldes do PSOE, do BNG ou de calquera outro responsable político». Al margen de la coincidencia en el discurso, puede dar la impresión de que la presunción de inocencia esté amenazada. Pero en absoluto es así. El artículo 24 de la Constitución consagra este derecho como uno de los fundamentales de los ciudadanos españoles, de tal manera que nadie está obligado a demostrar su inocencia. Son las acusaciones las que deben probar la culpabilidad.
Otra cosa es que el imputado no sea finalmente procesado -caso del e ministro José Blanco- y que esto se utilice como argumento para no afrontar responsabilidades políticas preventivas. Pero en cualquier caso esto tampoco amenazaría la presunción de inocencia. Es decir, un político imputado puede dimitir de sus cargos para evitar manchar la imagen de su partido y mantener la presunción de inocencia incólume. ¿Se es más inocente manteniéndose en el cargo? No, pero la mayoría de los políticos temen que su dimisión sea interpretada como un reconocimiento apresurado de su culpabilidad.
La «total» colaboración con la Justicia
Es otra de las coletillas de algunos cargos políticos. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responsable de Xustiza en la comunidad, expresó su «total colaboración» con la Justicia tras conocer las imputaciones en el Ayuntamiento de A Coruña. El concejal del PSOE, José Nogueira, imputado también en la rama Pikachu de la Pokémon, acudió a declarar diciendo que iba a colaborar con la Justicia. También los cargos de Fomento utilizan a menudo este recurso para referirse al caso Alvia. La pregunta es muy simple: ¿Podrían hacer otra cosa sin enfrentarse a duras consecuencias penales? Evidentemente no.
Demanda de «agilidad» en la instrucción
Da la impresión de que la clase política repara en la lentitud o el atasco de la Justicia solo cuando son ellos los que están inmersos en causas judiciales. De repente, la solicitud de agilidad en la instrucción de la Pokémon se ha convertido en otro de los grandes lemas del momento, casi como si los políticos no hubieran tenido competencias en los últimos treinta años para solventar el retraso de la Justicia, como si fuera algo que les es ajeno. La agilidad que reclaman, además, podría estar reñida con las garantías procesales que también piden para los suyos, recuerda un jurista. A menudo las causas se alargan porque son muy garantistas o porque, como es el caso, son simplemente complejas. La guinda es la propuesta del delegado del Gobierno de fiscalizar el trabajo de los jueces, como si no estuviera ya fiscalizado.
Máxima prudencia: dejar actuar a la Justicia
¿Hay alguien que no ha entendido aún lo de la división de poderes? En principio no hay que dejar que la Justicia actúe. Ya lo hace por sí sola gracias a las garantías constitucionales. Sin embargo, son muchos los políticos que dan ese consejo: «Dejemos actuar a la Justicia». Sin ir más lejos, esta semana el alcalde de Ourense, Agustín Fernández, recayó en este rodeo argumental casi tan manido como los anteriores. Fernández reclamó «prudencia y precaución» y pidió «dejar actuar a la Justicia, aportando pruebas contra los que tenga que acusar». Si nos atenemos a la literalidad de la frase -aunque lo mejor es no ceñirse demasiado a lo literal- podría parecer que la actuación de la Justicia está amenazada. Pero en realidad solo es un armazón retórico sin demasiado contenido en su interior.
Las conversaciones: desde el «cotilleo» hasta el no reconocerse
«Mucho cotilleo, pero poca sustancia penal». Esta es la coletilla a la que recurren muchos políticos cuando -más bien en privado- analizan los pinchazos ordenados por la jueza Pilar de Lara. El propio alcalde de Ourense -que sustituyó en el cargo a uno de los principales imputados, Francisco Rodríguez-, en esa misma intervención, hizo un curioso análisis de las conversaciones intervenidas. «Desde el principio, las actuaciones judiciales fueron por un expediente basado en conversaciones de personas que hablan de terceros, y puede haber un abismo entre lo que se dice y lo que pudo ser». Por supuesto, las conversaciones, por sí solas, pueden parecer ligeras en carga probatoria. Pero cuando se utilizan de forma hábil en un interrogatorio las cosas cambian. Tanto los directivos de Vendex como el propio Liñares tuvieron que rendirse a algunas evidencias.
Claro que también está la opción de no reconocer la voz en los pinchazos. Aunque el ejemplo más conocido es el del teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores, parece que va a ser una estrategia procesal más utilizada, un clavo ardiendo al que se agarren algunas defensas.
En varios casos, los presuntos enchufes que delatan los pinchazos se despacharon con que los políticos estaban ayudando a familias «en situación de necesidad». No solo no delinquen: se dedican a ser buenos samaritanos.
Las ansias irrefrenables por declarar
Aunque el momento de la declaración suele ser de los más traumáticos para el imputado, en el caso Pokémon sucede lo contrario: se dan casos de imputados que piden declarar antes de que la jueza los llame. Quizás el más paradigmático sea el alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, que llegó incluso a presentarse en los juzgados para pedírselo a la jueza. El «no tengo nada que ocultar» es la frase que suele acompañar estas ganas incontenibles de declarar.
«Por fin ya sé qué quería saber la jueza y se lo he podido aclarar», dijo el concejal coruñés José Nogueira cuando salió de la declaración. Esto es un aspecto importante. Aunque los imputados pueden acogerse al derecho a no declarar, en las operaciones donde se decreta el secreto del sumario muchos están deseando conocer qué es de lo que les acusan. La declaración, al final, se convierte en una «aclaración» en la que el imputado -véase el caso del exsecretario del alcalde de Sada- se pone en el papel de «arrojar luz» sobre el asunto.
Entre la espera, la transparencia y el imperio de la ley
«Vamos a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos» es otra de las frases que sirven de lugar común en el contexto de las operaciones anticorrupción. Y mientras se espera, surge la palabra mágica: transparencia, capaz de solucionar todos los males aunque nadie nunca concreta cómo se sustancia. Sin ir más lejos, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, asentaba en dos pilares su estrategia ante la operación Patos: la transparencia y -cómo no- la colaboración con la Justicia, que en otras variantes se describe como «someterse al imperio de la ley».