La medida tiene por objeto constatar si han existido variaciones en la entrega respecto a campañas anteriores
19 feb 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La jueza lucense que investiga un caso de presunto dopaje masivo de vacas para que produjesen más leche encargó un informe al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para que presente los datos de entregas de leche efectuadas en los últimos años por parte de las numerosas explotaciones investigadas. La medida tiene por objeto constatar si han existido variaciones en la entrega respecto a campañas anteriores como consecuencia del descubrimiento de la presunta utilización de la hormona somatotropina bovina, sustancia prohibida en el ámbito de la Unión Europea.
La magistrada Sandra Piñeiro Vilas plantea esta petición en un auto en el que hace un resumen de los hechos y que dio a conocer a las partes coincidiendo con el levantamiento del secreto de sumario. En su momento, el Seprona tomó declaración como imputadas a unas noventa personas, sin embargo en el auto judicial no figura cuántos son los imputados. En una providencia posterior aparecen citadas 28 personas. Destaca la instructora que el objeto inicial de la investigación se refería al esclarecimiento del empleo de la vacuna de la brucella en una explotación ganadera de A Terra Chá. Su utilización podría relacionarse con un intento de fraude de subvenciones. Las vacas resultaban contagiadas, había que sacrificarlas y después el propietario supuestamente se beneficiaría de una subvención.
Pero la investigación inicial acabó poniendo de relieve que en diversas explotaciones estaría siendo usada la hormona somatotropina bovina con la finalidad de forzar a las vacas a producir más leche en unos momentos en los que el sector no atravesaba por buenos momentos, como así recordaron en su día representantes de organizaciones agrarias. La citada sustancia está prohibida en la Unión Europea, no así en otros países del mundo.
En principio, el uso se circunscribía a explotaciones lucenses, sin embargo se descubrió que el dueño de una comercial de Cataluña distribuía las hormonas y que el empleo no se limitaba únicamente a Lugo sino que afectaba a prácticamente todo el territorio nacional. Dice la jueza que la administración de dichas sustancias ocasionaba sufrimiento a los animales. Quien suministraba al catalán las hormonas era un hombre que las traía de México. Las camuflaba para entrar a través del aeropuerto del El Prat, donde contaba con la colaboración de un funcionario de aduanas. Expresa la jueza que no solo distribuirían la sustancia el dueño de la comercial catalana y su hijo, sino que también realizó esa tarea el hombre que las traía de territorio mexicano.
El Servicio de Protección dela Naturaleza de Lugo (Seprona), que llevó a cabo la investigación, descubrió el uso de esta hormona en explotaciones de numerosos municipios de Lugo y también de A Coruña, así como en las provincias de Ávila, Córdoba, Huesca, Navarra y Santander. Algunas explotaciones suministraban leche a empresas que la vendían como de alta calidad.