A Henry Laíño no le gustó el nombre del elegido para sustituir a Gerardo Conde Roa en la alcaldía de Santiago cuando este se vio obligado a dimitir. De la declaración del delegado territorial de Aquagest en Galicia ante la jueza Pilar de Lara, que instruye el caso Pokémon, se desprende que su preferencia no era Ángel Currás, sino Paula Prado, entonces concejala en el Concello compostelano, porque, a su juicio, conocía la situación del contrato de la empresa que gestionaba el abastecimiento de agua en la capital gallega y, con ella en el cargo, «hubiese sido más factible» renovar la concesión, según recogió del sumario Europa Press.
Laíño y José Luis Míguez, gerente de la empresa en Santiago, habían negociado con Conde Roa y Ángel Espadas la extensión del contrato en la ciudad, que concluía en el 2019, por otros 14 años. A cambio, Aquagest realizaría inversiones por 20 millones de euros durante el mandato del PP en el Ayuntamiento. El problema que le surgió al delegado de Aquagest cuando Currás sucedió a Conde Roa fue que el nuevo alcalde, que hasta ese momento había sido edil de Cultura, «no entendía de qué iba todo esto», declaró.