La Xunta considera inadmisibles algunos pagos y exige que no se repitan
15 feb 2014 . Actualizado a las 14:30 h.La auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) al gasto en el Puerto de Ferrol entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de julio del 2013 no fue el primer aviso de la necesidad de frenar excesos económicos. Ya se hizo antes.
Tal y como publicó ayer La Voz, en ese informe se plasma un gasto «improcedente» de 344.000 euros en el que se recogen desde pagos a consejeros que no asistían a las reuniones hasta abonos por 51.000 euros en concepto de restauración, amén de duplicidad de gastos en comidas o vuelos en clase preferente, por ejemplo.
Además de señalar todos los aspectos irregulares, el informe del IGAE, fechado en A Coruña el 2 de diciembre, concluye con dos recomendaciones.
La primera es «ajustar los gastos de la Autoridad Portuaria a los estrictamente necesarios al desarrollo empresarial de la actividad en el marco de los principios de legalidad, austeridad y buena gestión financiera». La segunda, el «establecimiento de un procedimiento de control sobre el uso de los vehículos que integran el parque móvil».
Y culmina indicando que «las citadas recomendaciones son reiterativas respecto a las formuladas en informes de ejercicios anteriores relativos a esta área». En otras palabras, ya se alertó de situaciones similares en otras ocasiones, aunque no se detallan ni los años a los que se hace referencia ni cantidades.
El Gobierno gallego
Las anomalías del último informe se produjeron en el tramo final del segundo mandato de Ángel del Real. Aunque el Puerto depende de Fomento, es la Xunta, a través de la Consellería do Medio Rural e do Mar, la que cesa y nombra a su presidente. Y fue Rosa Quintana quien en el Diario Oficial de Galicia (DOG) difundía la orden del 24 de abril del 2013 de destituir a Del Real para nombrar a José Manuel Vilariño. ¿Fue este descontrol económico el detonante de ese cese? Así lo daban a entender ayer fuentes oficiales consultadas en la mencionada consellería.
Apuntan que «a auditoría refírese a un período cuxo responsable xa non está», en alusión directa a Ángel del Real.
A renglón seguido se recuerda que el Puerto emitió alegaciones a ese informe, pero que las conclusiones del Estado no se movieron.
Desde el departamento de Rosa Quintana se destaca que «consideramos que algúns dos gastos se ciñen escrupulosamente á legalidade, aínda que a súa procedencia ou improcedencia poida ser debatida». Se hace referencia a subvenciones para mejorar la relación Puerto-ciudad que absorbieron casi 122.000 euros.
Advertencia
Pero la Xunta mantiene la sintonía con la auditoría del Estado y subraya que «consideramos inadmisibles outros gastos». Y lanza una advertencia a la actual cúpula de la Autoridad Portuaria. Las mismas fuentes oficiales señalan que el equipo dirigido por José Manuel Vilariño «debe redobrar esforzos para evitar que algo así poida volver a acontecer».