El Estado detecta vuelos en clase preferente y pagos duplicados
14 feb 2014 . Actualizado a las 19:00 h.El pago de dietas a los consejeros de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao aunque no acudiesen a las sesiones es solo la punta del iceberg del informe emitido por el Estado para auditar el gasto en el Puerto ferrolano. El documento llega a la conclusión de que en poco más de un año y medio, entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de julio del 2013, se produjo un «gasto improcedente» de 344.818 euros. Una cantidad en la que se incluyen pagos de restauración por más de 51.000 euros, viajes de avión en clase preferente, multas de tráfico o duplicidad del gasto en comidas.
El informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), emitido el pasado mes de diciembre, advierte hasta once incumplimientos de la legalidad. Entre ellos, superar el límite de la categoría de hotel establecido en la normativa interna para los desplazamientos de personal directivo; la utilización de dos vehículos para fines privados y la ausencia de control sobre el parque móvil; y el doble pago de comidas durante comisiones de servicios: gastos en hostelería que la Autoridad Portuaria abonó también como dietas de manutención.
En contra de la austeridad
A todo ello se le suman otra decena de actuaciones «contrarias a los principios de austeridad y de buena gestión financiera». Por ejemplo, los desplazamientos en avión en clase preferente, tanto del personal directivo del Puerto como del asesor jurídico externo, que supuso un gasto adicional de más de 17.000 euros. En sus alegaciones el Puerto aseguró que los viajes realizados en clase superior en vuelos transoceánicos fueron casos «excepcionales», al realizarlos el presidente, en ese período Ángel del Real, «debido a sus circunstancias personales» y la duración del viaje.
La práctica totalidad del período analizado se corresponde con su mandato, a excepción del comprendido entre finales de mayo y julio del 2013, cuando ya estaba al frente del Puerto ferrolano su actual presidente, José Manuel Vilariño. Bajo su mando se elaboraron unas alegaciones que no cambiaron los resultados ni las conclusiones de la auditoría.
La Intervención reprocha los gastos relacionados con el desplazamiento del equipo de fútbol portuario a torneos nacionales e internacionales, a los que suma la aportación de 10.000 euros en el 2012. Y consigna que las dietas de alojamiento pagadas al personal directivo en sus desplazamientos son superiores a las establecidas en la normativa vigente. Cuatro de cada diez euros destinados a gastos de representación corresponden a facturas relativas a restauración, un elevado porcentaje que subraya el informe oficial, criticando además su tendencia creciente: en el 2012 fue del 33 % y en los siete primeros meses del 2013 suponía ya el 41 %.
La IGAE describe además cómo se pagaron 20.500 euros de más por retribuciones a un asesor jurídico externo por su labor en misiones internacionales, cuando estos servicios «están cubiertos por su contrato» con la Autoridad Portuaria, por el que percibe 3.000 euros al mes. El Puerto lo consideró «necesario» para «mejor éxito del viaje», debido a sus contactos.
Ayudas sin relación portuaria
El gasto de mayor importe recogido en el informe son subvenciones por casi 142.000 euros que el Estado considera que no guardan relación con la actividad portuaria, y que «se dispara» entre el 2010 y el 2013. En este capítulo incluye la financiación de fiestas populares, la cabalgata de Reyes, el Día de la Bici, Equiocio, ayudas a las cofradías de Semana Santa, asociaciones de vecinos y entidades benéficas «más acorde con una política local y gestión municipal que portuaria». Una visión que no comparte el Puerto, que en sus alegaciones defendió la necesidad de «estrechar» las relaciones puerto-ciudad.
A todo ello hay que sumar los 22.166 euros que en el período analizado se abonaron en concepto de dietas por asistencia a los consejos de administración a miembros que no estuvieron presentes, pero que delegaron el voto. Es el caso del presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, que aseguró haber devuelto los 4.565 euros que se le habían ingresado pese a no haber asistido presencialmente a ninguna de las sesiones del 2012. Y también de otros consejeros, que se repartieron los 17.600 euros restantes.
Este criterio de pago fue modificado tras la llegada de Vilariño en diciembre, atendiendo a las recomendaciones de la IGAE. La auditoría recomienda que el Puerto ajuste sus gastos y los adapte al marco de «legalidad, austeridad y buena gestión financiera».