Las improvisaciones que jalonaron la gestación de la reforma local continúan cuando ya ha pasado un mes de su entrada en vigor
14 feb 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El Consejo de Ministros aprobó hace tres semanas un real decreto para aclarar las cifras de la tabla retributiva que establece la reforma local para los alcaldes. Había que resolver los desajustes entre las cantidades pactadas en la tramitación de esa ley y los Presupuestos Generales del Estado, que llevaron a los interventores municipales a alertar de la imposibilidad de elaborar las nóminas de enero. Finalmente, Hacienda coló esa regulación salarial en el Real Decreto Ley 1/2014, de reforma en materia de infraestructuras y transportes. La misma norma por la que, entre otras novedades, se crea la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria es la que aclara que los alcaldes gallegos podrán cobrar entre 30.000 y 80.000 euros brutos anuales.
No es un caso aislado. Uno de los aspectos de la reforma local que puede aportar más oxígeno a los ayuntamientos se regula a través de la ley orgánica sobre el control de la deuda comercial en el sector público. Se trata de la posibilidad de los concellos de utilizar en inversiones este año el remanente de tesorería del 2013, sin obligación de estar abocados a amortizar deuda como hasta ahora. La norma sectorial supeditaba esta opción a unos requisitos de sostenibilidad que se regularían después. Esos criterios se concretaron esta semana gracias a una enmienda del PP a otra ley en la que a ningún concello se le ocurriría buscarlos, la de Defensa de los Consumidores. Aprovechando su tramitación en el Congreso, el Grupo Popular ha deslizado una modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que fija esos requisitos.
Esto prueba que las improvisaciones que jalonaron la gestación de la reforma local continúan cuando ya ha pasado un mes de su entrada en vigor. Los parches que Hacienda salpica en normas de sectores que nada tienen que ver con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local crean una gran inseguridad jurídica en los concellos. El ministerio ni siquiera los comunica. Para suplir esta falta de información, los alcaldes están recibiendo notificaciones de la Fegamp.