La Xunta pacta con las constructoras del recinto rescindir sin indemnización los contratos de los edificios no hechos y les da dos años para decidir si quieren ellas obrar allí con su dinero
01 feb 2014 . Actualizado a las 11:11 h.Se acabó. Cinco mil noches después, Galicia despierta del sueño de Fraga, de su pesadilla. Feijoo termina con el delirio del Gaiás. La primera piedra del faraónico complejo, colocada en febrero del 2001 sobre un monte a las afueras de Santiago, ya nunca encontrará última.
Tras diez meses de negociaciones secretas, la Xunta ha alcanzado un acuerdo con Copasa, Acciona Infraestructuras y OHL para rescindir definitivamente los contratos de construcción de la parte de la Ciudad de la Cultura todavía no levantada: dos edificios, sobre un global de seis, que habían sido encomendados en el 2005 a las citadas compañías por 112.851.617 euros. Si hubiesen llegado a ejecutarse, además de los 290 millones ya enterrados en el recinto hasta la fecha, el erario habría perdido 170 más, sumando los costes de equipamiento interior, urbanización exterior y puesta en marcha, entre otros asociados a ambos inmuebles.
Las empresas perjudicadas por esta decisión del Ejecutivo, que el Parlamento avaló a finales de marzo del 2013 con 57 votos a favor (PP, AGE y BNG) y 18 abstenciones (PSOE), han accedido a rubricar un documento, según fuentes conocedoras de su contenido, donde expresamente renunciarán al beneficio industrial que legalmente les correspondía. Es decir, las arcas de la comunidad no deberán afrontar el pago de indemnización alguna, lo cual ahorrará al conjunto de los gallegos entre cinco y diez millones extras, de acuerdo con agentes del sector. Como finiquito, las sociedades solamente percibirán una suma menor, aún pendiente de cálculo, en concepto de «gastos incurridos debidamente justificados», por ejemplo, avales firmados con motivo de la paralización de la obra.
«Bajo su riesgo y ventura»
Como contrapartida, la Administración ha incluido en esos papeles una cláusula en virtud de la cual las sociedades referidas dispondrán de un plazo de dos años para decidir si quieren invertir en las parcelas sobre las cuales, en principio, iban a construir un par de inmuebles para la Xunta. Tendrán derecho a presentar, desarrollar y edificar un proyecto «con sus exclusivos recursos», así como a explotarlo luego «bajo su riesgo y ventura». Este, si es que finalmente la cosa va adelante, habrá de ser «coherente con la estructura arquitectónica exterior prevista» por el arquitecto Peter Eisenman y «adecuado a los fines» del Gaiás. O sea, tal vez encajarían ahí unos estudios cinematográficos, pero no un concesionario de coches. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el Gobierno autónomo.
Con anterioridad a su suscripción formal por parte de todos los implicados en la operación, el pacto de resolución contractual tendrá que recibir el visto bueno del Consello de la Xunta. Y eso, salvo contratiempo, podría ocurrir ya dentro de cinco días o bien en la siguiente reunión del Gabinete Feijoo, el jueves 13, en vísperas del decimotercer aniversario del inicio de la construcción del Gaiás.
Empezará ahí a escribirse el principio del fin de una historia, la de este recinto, marcada desde su mismo inicio por la laxitud, vacuidad e improvisación. Teóricamente, iba a costar 108 millones a lo sumo y a estar acabado en tres años. Van casi el triple de fondos y más del cuádruple de tiempo. Pero se acabó.