El regidor dice que la nueva Ley de Régimen Local le obliga a tomar esta medida y que la Diputación socialista lo avala
30 ene 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El PSOE acusa al alcalde del Concello lucense de Antas de Ulla, el popular Javier Varela, de consolidar plazas como funcionarios para él mismo, su esposa y la de otro concejal del PP. Esto se incluiría dentro de un proceso de funcionarización que inició el Concello, como otras Administraciones, y del que se beneficiaron cuatro personas. El regidor, sin embargo, niega que él sea beneficiario, pues aclara que ya es funcionario desde hace casi treinta años -aunque en excedencia desde que ocupa la alcaldía-. En cuanto a su esposa, explica que el proceso se inicia obligado por la nueva Ley de Régimen Local, mientras que los otros tres casos entrarían dentro del proceso de funcionarización, para el que cuentan, destacó, con dos informes favorables de la Diputación de Lugo y con otro de la intervención del Concello, también favorable.
Acusan al PP de «enchufismo»
La secretaria de Economía de la ejecutiva provincial socialista, diputada provincial y portavoz del grupo municipal socialista de Antas, Pilar García Porto, denunció lo que considera un «pucheirazo» cometido por el alcalde, al que acusa de utilizar el Concello «como negocio particular». Señala que esta práctica responde a la «política caciquil do PP», que considera el Ayuntamiento «como unha empresa propia para o lucro dunha persoa que é, nin máis nin menos, o señor Varela e a súa esposa».
García Porto va más allá en sus acusaciones afirmando que fue el padre de Varela, cuando era regidor, el que «colocou» en el Concello «a el e á súa muller». Comenta que «o alcalde non é funcionario, de aí que funcionarice a súa praza, outra cousa é que leve moitos anos traballando», señala.
Por otro lado, el PSOE afirma que la funcionarización estaba prevista en los presupuestos y es algo que defienden, pero explican que las plazas elegidas no se corresponden con lo que consta en los documentos. «Nós non estamos en contra do procedemento, senón de que se faga con persoas afíns e que ocupan cargos políticos. Estamos falando de claro nepotismo dentro do Concello», añade la portavoz socialista.
Responsabilidades penales
Por eso, reclaman a la cúpula del PP y a su presidente en Lugo, José Manuel Barreiro, que dé explicaciones. Además, no descartan impugnar tres de las plazas funcionarizadas. Añaden que los cuatro puestos costarán a los vecinos 7.693 euros al mes.
El alcalde, por su parte, estudiará reclamar responsabilidades penales ante las graves acusaciones de las que está siendo víctima. Aunque niega que él mismo esté incluido en el proceso -por ser ya funcionario «por oposición» y porque no se puede funcionarizar una plaza sin persona física ocupándola-, reconoce que una de las beneficiadas es su mujer. Ella trabaja en el Concello desde 1993, según explica, como personal laboral, y gestiona la contabilidad. Con la nueva ley, están obligados a que «o persoal que faga labores de contabilidade no Concello sexa funcionario». Matiza que ella obtuvo su puesto por oposición y que «casamos sendo compañeiros de traballo». Las otras tres plazas (asistente social, agente de desarrollo local y ayudante administrativo), entran dentro del proceso de funcionarización.
El regidor insiste en que este procedimiento es algo que contempla la ley y que también lo están realizando Administraciones socialistas como los concellos de Lugo y Becerreá o la Diputación. Además, insiste en que no se trata de creación de nuevas plazas, sino de consolidaciones, pasando de ser personal laboral a funcionarios.