Besteiro reclamará la expulsión de los concejales rebeldes de Ourense
GALICIA
Las medidas disciplinarias provocan un choque entre la dirección gallega y la provincial
29 ene 2014 . Actualizado a las 11:43 h.La dirección gallega del PSOE dio ayer por agotado el tiempo del diálogo para pacificar por las buenas el partido en la ciudad de Ourense y tras encargar la escopeta, limpiarla con calma y hacer acopio de cartuchos, ahora está dispuesta a apretar el gatillo. El nuevo plantón protagonizado por los cinco concejales que se alzaron en rebeldía contra el alcalde, que ayer volvieron a faltar a una reunión del grupo municipal socialista, abocó al PSdeG -esta vez sí- a tomar medidas disciplinarias. Desde Santiago pedirán a Ferraz que actúe con «dureza» y suspenda cautelarmente de militancia a los ediles díscolos, decisión que fue contestada con un nuevo desafío por parte de la ejecutiva provincial ourensana, el fortín donde se hicieron fuertes los rebeldes.
El expediente disciplinario es la consecuencia directa de la ausencia de los cinco concejales en la reunión celebrada a las nueve y media de la mañana. «Calquera comportamento que non responda á recuperación da normalidade do grupo municipal poderíase interpretar como unha manifesta vontade de incumprir» las decisiones de la ejecutiva del PSdeG, había advertido horas antes la secretaria de Organización del PSdeG, Pilar Cancela, en un escrito dirigido a los ediles ourensanos.
En dicha comunicación, la número dos del partido en Galicia también desmontaba la «especie de informe» de la ejecutiva provincial ourensana, de probada filiación pachista, al que se aferran los cinco ediles críticos con el alcalde. Invocar estatutos internos o la legislación de régimen local -advirtió Cancela- «parece extemporáneo, fóra de contexto e lugar». «O tempo e as posibilidades de arbitraxe parecen pasados» y lo que tienen que hacer los implicados en el conflicto es cumplir las resoluciones de la ejecutiva gallega.
Incumplimientos
Pero ni con esas. Los cinco ediles rebeldes -Rodríguez Penín, Susana Bayo, María Devesa, Mónica Vázquez y Alfonso Vilachá- consumaron su plante a la reunión del grupo municipal. El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reaccionó desde Lugo una hora más tarde al remarcar que los cinco concejales faltaron a su obligación de «asistir ao seu traballo e comportarse como cargos electos do Partido Socialista». La escopeta que Besteiro se resistió a utilizar durante un mes y medio, tiempo en el que Pilar Cancela actuó como fuerza de interposición entre las dos partes en conflicto, ya está dispuesta a ser usada.
El primer paso dado por el PSdeG consistió en poner a Ferraz al corriente de la situación y en remitirse un «exhaustivo informe coa documentación e información adicional», señaló en una nota el partido, documentación en la que recapitulan los incumplimientos de las obligaciones por parte de los ediles díscolos de Ourense.
El procedimiento disciplinario se ajustará de manera escrupulosa a lo que dictan los estatutos del PSOE, donde se señala que la instancia competencia para resolver estos expedientes es la ejecutiva federal socialista, de la que es miembro el ex secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, el principal valedor de los críticos del grupo municipal de Ourense.
En los estatutos (artículo 53.1) también se recoge la posibilidad de dictar la «expulsión provisional» de militantes que actuaran en contra de los acuerdos expresamente adoptados por los órganos de dirección del partido. El PSdeG entiende que la crisis de Ourense puede aplicarse este supuesto, en tanto que se incumplió un acuerdo aprobado de forma unánime por la ejecutiva gallega el pasado día 13.
Reacción de la provincia
Pero incluso con el expediente abierto, la dirección provincial del PSOE en Ourense está dispuesta aguantar el pulso con Besteiro hasta las últimas consecuencias. Tanto es así que la secretaria de organización provincial y diputada autonómica, María Quintas, respondió de inmediato a Cancela sin margen para las interpretaciones, negando que las normas del PSOE obliguen a asistir a reuniones del grupo municipal.
María Quintas en la defensa de sus cinco compañeros concejales, sino que, ya puestos a hablar de sanciones, sostiene que debería serlo el alcalde, por no atender el requerimiento de la dirección provincial para devolverle las competencias al concejal Antonio Rodríguez Penín.
Quintas advierte que, con un gobierno en minoría, el regidor no puede prescindir de un solo concejal en su equipo. Y dicho eso, también anunció que remitirá a Ferraz un informe sobre la situación del grupo socialista de los últimos 16 meses.