El canon deberá ser rubricado en asamblea el próximo 30 de noviembre
20 nov 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Por mayoría, la junta rectora de la comunidad de montes de Salcedo ha dado el visto bueno al convenio que garantizará la presencia de la Brilat en Pontevedra los próximos 75 años. Así lo confirmó ayer el presidente de los comuneros, Fernando Pintos, quien precisó que, en todo caso, el acuerdo deberá ser refrendado en una asamblea que se celebrará el próximo 30 de noviembre. «É o preacordo definitivo ao que chegamos e haberá que levalo á asamblea, que será soberana para decidir sobre el», dejó claro Pintos.
El representante de los comuneros asume que aún podría restar algún fleco, pero reconoce que como en cualquier negociación hay un momento en el que ya no se puede ir más allá. «Ista tivo un proceso longo -reseñó al respecto- e estivo chea de presións. Chegamos a onde chegamos e consideramos, polo menos a maioría da xunta rectora, que se podía levar o acordo á asemblea e imos propor que a asemblea lle dea o visto bo», remarcó.
Entre otras cuestiones, en el convenio se establece el abono anual de un canon que supone el desembolso por parte de Defensa de 1.800 euros por hectárea de terreno. La intención de la comunidad de montes de Salcedo es que todo el dinero que se recaude, unos 129.600 euros, revierta en la puesta en valor de las cerca de cien hectáreas que gestionarán directamente, al margen de las 72 que serán ocupadas por los militares.
En este punto, Fernando Pintos apuntó que, a diferencia de las otras tres comunidades en liza, la de Salceda siempre se marcó el objetivo de «liberar unha porción de terreo». Esto implicará el traslado del actual campo de maniobras a otro emplazamiento más alejado de las propiedades y viviendas particulares, una labor que podría extenderse a lo largo de un período de un año y medio.
Y todo por una franja de seguridad
Fue en octubre del 2008 cuando los vecinos de Salcedo se enteraron por los medios de comunicación que Defensa, a través de una resolución publicada en el BOE, establecía un perímetro de seguridad en torno a la base. Muchas viviendas, propiedades y fincas se vieron incluidas con premeditación y alevosía dentro de esa franja, con los inconvenientes que eso suponía -entre otras cuestiones, el Ejército tendría que autorizar obras en casas-. Fue la espoleta que hizo estallar un conflicto que, primero, se escenificó en la calle, en el monte de Salcedo y que, posteriormente, saltó a los juzgados. Y los vecinos ganaron. Sucesivas sentencias les otorgaron la propiedad del suelo y abocaron a Defensa a negociar.