La mayoría de los ciudadanos que conocieron ayer por los medios de comunicación las conclusiones de la sentencia del caso Prestige, dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña, absolviendo a los tres imputados -Apostolos Ionannis Mangouras, Nikolaos Argyropoulos y José Luis López Sors- de los delitos contra el medio ambiente, daños en espacios naturales protegidos y daños por los que habían sido acusados pueden fácilmente afirmar que «no se ha hecho justicia» o que «los culpables de la catástrofe del Prestige quedan indemnes». Con mayor razón, los gallegos que vivimos muy de cerca los acontecimientos y que sufrimos, una vez más, las consecuencias de una catástrofe petrolera incluso podemos pensar que las sentidas y masivas reivindicaciones del ciudadanía han resultado traicionadas y olvidadas.
Soy consciente de que la sentencia del juicio penal del Prestige que ayer fue hecha pública no contenta a casi nadie, salvo a los imputados, claro está. A los representantes de la Administración General del Estado, porque no han logrado la condena penal del capitán Mangouras por delito ecológico -que traería consigo importantes consecuencias sobre el reconocimiento de la responsabilidad civil y, en particular, de los cuantiosos daños ecológicos reclamados-; a las partes acusadoras -como la plataforma Nunca Máis-, que no han conseguido ver condenado al señor López Sors (ex director general de la Marina Mercante); a los representantes de los afectados por la catástrofe, que no han visto satisfechas sus expectativas indemnizatorias, etcétera.
Pese a la zozobra que una primera -y apresurada- lectura de la sentencia genera, como jurista apasionado desde hace tiempo en la protección de nuestros mares y costas, soy de los que piensan que el ordenamiento jurídico vigente en el 2002, cuando ocurrió el aciago suceso del Prestige -desde los tratados internacionales sobre responsabilidad por daños de hidrocarburos hasta nuestras normas de derecho interno sobre seguridad marítima- no estaban a la altura de las garantías jurídicas que requiere la protección de nuestra lacerada costa gallega. Desgraciadamente, tuvo que producirse el Prestige para que, en conjunción con la catástrofe petrolera del Erika en Francia en 1999, se llevara a cabo una verdadera conmoción del ordenamiento jurídico sobre seguridad marítima -desde el derecho internacional hasta los derechos autonómicos, pasando por el derecho comunitario- que de producirse hoy el Prestige el resultado de la sentencia, no me queda la menor duda, sería bien diferente.
Si el Prestige hubiera sucedido hoy es muy posible que: podríamos controlar más eficazmente la actuación de las sociedades de clasificación, tendríamos mayor capacidad de perseguir a las empresas responsables del transporte marítimo subestándar, sería más factible reducir la discrecionalidad técnica de las decisiones de la Administración del Estado sobre seguridad marítima, etcétera.
A lo largo de los 263 folios de la sentencia hay muy interesantes debates jurídicos: sobre la dificultad de enjuiciar la labor técnica de los profesionales del mar, sobre las especiales circunstancias de emergencia que tuvieron lugar en los días del accidente, sobre el excesivo peso de los intereses económicos en el tráfico marítimo, sobre la responsabilidad de las sociedades de clasificación, sobre la necesaria solución de los lugares de refugio, sobre la rigurosidad que se exige por parte de las autoridades en caso de accidente catastrófico...
Hemos asistido a una primera fase del juicio del Prestige, es seguro que la sentencia sea recurrida ante el Tribunal Supremo. Pero todavía quedan por dilucidar las responsabilidades civiles y administrativas que han quedado en suspenso por el carácter prejudicial del proceso penal. Lo cierto es que la Justicia es lenta y tardía. Sirva este comentario apresurado para manifestar a la ciudadanía -sorprendida por el fallo- que la lucha por el derecho continúa con vigor en este campo de batalla de la seguridad marítima y que, desde el 2002, ha obtenido importantes avances que hoy no son tan visibles. Es la mejor contribución que puedo ofrecer a aquellos juristas que, desde una y otra parte del pleito, han trabajado tan denodadamente. Una tarea que no ha sido en balde.