El exalcalde de Santiago defraudó 291.000 euros del IVA en la compraventa de viviendas
02 oct 2013 . Actualizado a las 17:23 h.El ex alcalde de Santiago Gerardo Conde Roa ha sido condenado a dos años de prisión como autor de un delito fiscal al no pagar 291.289 euros del IVA correspondiente a la venta de viviendas construidas por la promotora inmobiliaria de la que era administrador único. Además, la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago le impuso una multa de 582.000 euros, el doble de lo defraudado, e inhabilitación para ejercer cargo público durante el tiempo de la condena y cinco años en actividades relacionadas con el sector inmobiliario.
En su sentencia, la jueza considera, según recoge Europa Press, que Conde Roa actuó con «dolo evidente» y rechaza la «postura» del exregidor popular y de su defensa, centrada, según el auto, en «aparentar falsa ignorancia, querer culpar a no imputados ni acusados -como sus asesores en materia fiscal- y dando un paso más al negar el comportamiento doloso que el delito requiere». Frente a ello, la magistrada argumenta que la estrategia de culpar «a quienes no son acusados» es «muy frecuente» en este tipo de casos e insiste en que el que estaba obligado al pago es Conde Roa. «En 2010 no declara Gerardo (Conde Roa) pese a que Roberto (el asesor) le recuerda varias veces sus opciones: pagar, pagar por domiciliación bancaria o pedir aplazamiento aportando garantías si es que no prefiere ingresar a cuenta y después pedir aplazamiento por lo no ingresado. Bien asesorado no lleva a cabo ninguno de estos comportamientos», constata la juez.
El tribunal admitió en su casi totalidad la argumentación del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria, que calificaron los hechos como delito fiscal, por lo que solicitaban que a Conde Roa le fuera impuesta una pena de dos años y medio de prisión. El importe de la multa impuesta reduce lo solicitado por la acusación, casi 1,2 millones de euros, el triple de la cantidad defraudada más el IVA adeudado, que correspondía a las operaciones de compraventa, en el 2010, de 61 viviendas construidas por la empresa del exalcalde, Geslander Proyectos de Edificación.
Recurso ante la Audiencia
Gerardo Conde Roa, que dimitió como alcalde de Santiago en abril del 2012 al ser imputado en esta causa por el titular del Juzgado de Instrucción número 2, José Antonio Vázquez Taín, recurrirá esta sentencia ante la Audiencia Provincial, según confirmó anoche su abogado, Ramón Sabín, que tendrá un plazo de diez días para hacerlo.
La defensa de Conde Roa mantuvo a lo largo de este proceso judicial la línea argumental expuesta desde el primer momento por el expolítico: su pretensión fue pagar a Hacienda la cantidad adeudada y nunca tuvo intención de defraudar. Así lo manifestó ya en el momento en que anunció públicamente su dimisión como alcalde, el 16 de abril del 2012. Y así lo defendió Ramón Sabín en la vista oral celebrada la semana pasada en la sede judicial compostelana. Según su planteamiento, Gerardo Conde no tendría responsabilidad penal porque sin dolo no hay delito, si bien tendría que responder administrativamente del fraude fiscal. Sabín señaló ayer, al exponer someramente el contenido de la sentencia, calificada por él como «excesiva», que esta no valoró los argumentos de la defensa ni las pruebas presentadas y solo tuvo en cuenta el hecho objetivo, es decir, que el acusado no había presentado la declaración del IVA. El letrado pidió la absolución y dijo, como prueba de que no había intención de cometer delito, que en ningún caso hubo alteración de la contabilidad ni facturación falsa ni otros hechos punibles.
El fiscal, no obstante, mantuvo que Gerardo Conde cobró a los compradores de las viviendas el importe del IVA, pero no lo ingresó en Hacienda, y tampoco el impuesto de sociedades, como era su obligación. Lo hizo, según la acusación, «consciente y voluntariamente y con ánimo de defraudar». El importe de las ventas realizadas, según las escrituras notariales, fue de 5.683.842 euros, y una vez descontados los pagos anticipados de ejercicios anteriores al 2010, resultaron unos pagos pendientes por dichas operaciones por 4.059.143 euros.
Al ser el IVA pendiente de ingreso superior a 120.000 euros, se le imputó a Conde Roa un delito fiscal y no una falta administrativa, que únicamente conllevaría el pago de una multa.