El exjuez Garzón insiste en imputar a Renfe porque fue la que pidió operar sin el ERTMS
GALICIA
El 23 de junio del 2012, seis días después de la puesta en servicio comercial del tren híbrido S-730, el modelo Alvia que descarriló en Angrois, Renfe Operadora solicitó al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que le permitiera operar sin el sistema de seguridad ERTMS y tan solo con el ASFA, que no frena automáticamente si el maquinista se salta una limitación de velocidad.
La razón era que el ERTMS originaba fallos en el sistema. El ADIF lo autorizó, pero el hecho de que fuese Renfe la que lo solicitase es, a juicio del exjuez Baltasar Garzón, que representa a la familia de una de las víctimas, razón evidente para que, además de a los responsables de seguridad del ADIF, se impute también a los de Renfe.
El juez que instruye el caso, Luis Aláez, ha rechazado hasta el momento en sus autos imputar a ningún miembro de Renfe, por lo que Baltasar Garzón, representado en Galicia por el letrado Enrique León Carrasco, presentó ayer un recurso solicitando la imputación del responsable de seguridad de Renfe y la del técnico que elaboró el libro horario y el cuadro de velocidades.
El exjuez Garzón considera «evidente» que eliminar el ERTMS «era favorable a los intereses comerciales de Renfe Operadora en detrimento de la seguridad de los pasajeros» dado que este sistema, al contrario que el ASFA, habría frenado el tren cuando el maquinista desatendió la señal de limitación de velocidad a 80 km/h, lo que causó el trágico accidente.
El recurso también considera que Renfe es responsable del siniestro porque el ADIF la autorizó a desconectar el ERTMS por solo un mes, plazo en el que no solucionó los fallos.