El presidente de Renfe se enfrenta a la imputación por estar en el consejo del ADIF

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

La decisión de implicar a los vocales afectaría a 17 personas, entre ellas tres altos cargos de Fomento

11 sep 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

El auto del juez Luis Aláez se vivió ayer como un terremoto en el ADIF, con réplicas igual de importantes en la cúpula del Ministerio de Fomento, Renfe y exmiembros del anterior consejo de administración nombrados durante el Gobierno del PSOE. La decisión de imputar a los vocales de los consejos de administración del ADIF desde que se abrió la línea Santiago-Ourense el 10 de diciembre del 2011 implicaría en el caso a al menos 17 personas -sin contar a los tres presidentes del ADIF-, entre ellos el actual presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar. Esto ocurre apenas unos días después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago rechazara imputar a cargos de seguridad de la operadora pública, como solicitaba el exjuez Baltasar Garzón. El auto hecho público ayer ha actuado como un bumerán jurídico y, si hay que atenerse a su literalidad, es posible que Gómez-Pomar vaya a declarar con abogado.

Fuentes jurídicas consultadas, no obstante, son prudentes, y recuerdan que ninguno de los vocales está todavía imputado. Se ha solicitado sus nombres y el juez deberá decidir en otro auto si los imputa, aunque ya ha avanzado que lo hará.

El razonamiento jurídico se basa en que entre las atribuciones del consejo de administración está la de velar «por las condiciones de operación de la infraestructura ferroviaria». Y aunque delegaron en la Dirección de Seguridad en la Circulación todas las competencias relativas a seguridad, el juez Aláez cree que este hecho solo exonera de responsabilidad a los miembros del consejo si han elegido a las personas «idóneas» para ello, si han desarrollado correctamente su función y si efectivamente los miembros del consejo de administración conservaron «su deber de supervisión y control sobre la actividad de la mencionada dirección». Existe, según el auto del juez, una «potencial responsabilidad» de los consejeros del ADIF en el accidente de Santiago.

Veintiocho imputados

La lista de los tres presidentes y 17 vocales del consejo de administración del ADIF elevaría a 28 los eventuales imputados. A los cinco cargos de seguridad que ya han sido llamados a declarar habría que añadir al anterior director de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, y otros dos cargos que precedieron en sus puestos a los de menor rango.

Entre los diecisiete vocales, además del presidente de Renfe, hay tres cargos de la cúpula de Fomento: el actual secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño González, miembro del anterior consejo por haber sido director general de Ferrocarriles; el hombre que le sucedió en este cargo cuando fue ascendido, Miguel Pozo; y Alicia Portas, jefa de gabinete de la ministra de Fomento. También sería imputable el que fuera jefe de gabinete del exministro José Blanco, Javier Hurtado, presente en el consejo cuando fue inaugurada la línea. Con él estaban otros dos jefes de gabinete -Carlos Bartolomé Marín y Juan Ángel Mairal- de otros dos cargos de Fomento durante el Gobierno del PSOE. En ese consejo también estaba el director de Ferrocarriles nombrado por Blanco, Carlos María Juárez.

En el segundo consejo de administración se incorporó Benigno Blanco, que fue secretario de Estado de Infraestructuras con José Blanco, y José María Piñero, director general de Fondos Comunitarios. Le precedió en este cargo Mercedes Caballero. Se completa la lista con Jorge Ballesteros, alto cargo de la Dirección General de Ferrocarriles y otros tres altos funcionarios.