Fomento suprimió por austeridad su órgano de seguridad ferroviaria

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

El juez pidió informes sobre el accidente del Alvia a esta comisión asesora, pero el ministerio le informó que fue eliminada en el 2011

10 sep 2013 . Actualizado a las 13:20 h.

A veces los órganos administrativos se crean y se destruyen con tanta velocidad que ni siquiera los juzgados saben ya adónde remitir sus oficios. Esto es lo que ha sucedido con la Comisión Asesora de Seguridad en la Circulación Ferroviaria, a la que el juez del caso Alvia pidió, en su auto del pasado 20 de agosto, un informe sobre el conocimiento de alguna incidencia en el tramo donde se produjo el accidente, así como sus recomendaciones al respecto. La Dirección General de Ferrocarriles, del Ministerio de Fomento, respondió a esta petición recordándole al juez Aláez que la citada comisión fue suprimida «en aplicación de los principios de austeridad y racionalización de estructuras administrativas». El organismo fue eliminado por el Gobierno de Zapatero en junio del 2011 mediante un real decreto que anulaba «determinados órganos colegiados».

Al no existir el citado organismo, el director general de Ferrocarriles remite el asunto de las recomendaciones a las que haga la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). La comisión asesora de Fomento fue creada en el 2007 junto con la CIAF. Aunque esta última ha estado funcionando con normalidad en los últimos años, no se ha hecho público ningún informe de la comisión asesora, suprimida de forma fulminante sin que hubiera cumplido cuatro años de existencia. Fue creada para adaptar la normativa ferroviaria española a la europea y sus principales funciones consistían en realizar recomendaciones sobre seguridad, estar al tanto de los sistemas de gestión del ADIF y de Renfe y recibir sugerencias para modificar el Reglamento General de Circulación, entre otras tareas.

Auditorías

A falta de la información del organismo desaparecido, Fomento aporta al juzgado el informe del ADIF que refiere que no hubo ningún incidente previo en este tramo de la línea Santiago-Ourense, tal y como reflejó en su día La Voz. Más novedoso es el informe de Renfe sobre incidentes anteriores, aunque llega a la misma conclusión que el gestor ferroviario: «No se tiene constancia de incidencia alguna en el tramo de línea comprendido entre el punto de descarrilamiento y los diez kilómetros anteriores». La operadora aportó los resultados de cinco auditorías: los registros de análisis de tren -se analizaron todos los vehículos que pasaron por esta zona-, los registros de acompañamientos de cabina, los partes de averías e incidencias, las comunicaciones de incidencias del ADIF, así como las actas de las comisiones de seguridad. En este último caso se analizaron las actas de la comisión de León, la de Circulación de Viajeros y la Comisión Central de Seguridad en la Circulación.

Comienzan a solicitar la imputación de los tres cargos del ADIF

Las partes personadas en el caso Alvia han comenzado ya a solicitar la imputación de los tres cargos relacionados con la seguridad en la circulación a los que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) señaló en la documentación remitida al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago. Es el caso de la parte representada por el bufete Trepat Abogados, que ha decidido solicitar la imputación del jefe de Inspección del área de Seguridad en la Circulación Noroeste, José Antonio García Díez. El gerente del área de Seguridad en la Circulación Noroeste, Fernando Rebón Sartal; y el director de Seguridad en la Circulación, Manuel Besteiro Galindo.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, aseguró ayer que la «prioridad fundamental» del Gobierno es que se esclarezcan las causas del accidente y colaborar con la Justicia.