El presidente de Adif responsabiliza al Gobierno socialista de prescindir del sistema ERTMS hasta Santiago
GALICIA
Ni Gonzalo Ferre ni el máximo responsable de RENFE responden a las grandes incógnitas sobre el accidente
09 ago 2013 . Actualizado a las 01:39 h.Los presidentes de Adif y Renfe no dieron respuesta hoy a las principales incógnitas sobre el accidente ferroviario que costó la vida a 79 personas el pasado 24 de julio. En sus comparecencias ante la Comisión de Fomento del Congreso no contestaron las numerosas preguntas que les plantearon los grupos parlamentarios.
Pero el presidente de Adif, Gonzalo Ferre, consideró «trascendental» la decisión que tomó el Gobierno socialista en junio del 2010 de prescindir del sistema de frenado automático ERTMS y sustituirlo por el Asfa en el lugar del siniestro. Explicó que en el proyecto inicial estaba previsto instalar esta tecnología avanzada en la estación de Santiago, pero se modificó a propuesta del presidente de Adif de entonces con la conformidad titular de Fomento, al que no nombró, pero que era José Blanco. También se decidió cambiar el ancho de vía internacional de la alta velocidad que estaba previsto por el ibérico o convencional.
Ferre quiso dejar así muy claro que el sistema de seguridad es una herencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En una entrevista que concedió hace unos días había asegurado que con el sistema ERTMS operativo el accidente se podría haber evitado, ya que convoy habría frenado de forma automática. El sistema Asfa solo permite está preparado para frenar el tren a partir de una velocidad superior a 200 km/h, algo que no ocurría con el siniestrado.
Ferre ha explicado también que en diciembre del 2009 se inició el estudio informativo sobre el tramo «incorporaban idéntica solución en cuanto al trayecto para el acceso a Santiago». El proyecto se envió a diferentes instituciones, entre ellas la Delegación del Gobierno, la Xunta, seis diputaciones provinciales, Renfe y 15 ayuntamientos. «Se recibieron más de 300 alegaciones y ninguna de ellas hacía mención al trazado propuesto en la zona de Angrois», señaló.
En su segunda intervención, Ferré señaló que ni en la propuesta de modificar el contrato de junio del 2010 ni en el momento en el que el ministerio de Fomento dio luz verde a la continuación de la obras de acuerdo a ese cambio, en abril del 2011, se explicaron los motivos. «No creo que este sea el momento de valorar lo acertado de la decisión, pero el diseño del equipamiento se realizó conforme a lo que la normativa técnica vigente establecía», afirmó. Aclaró que no es que el sistema ERTMS no estuviera operativo en la estación de Santiago, es que no está instalado.
En una tan exhaustiva como larga intervención, el presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, relató desde los detalles del viaje del malogrado Alvia a Santiago hasta la capacitación y evaluación continuas a las que se sometió al maquinista, sin olvidarse de explicar los sistemas de seguridad o la atención a las víctimas. Su descripción fue, sin embargo, criticada casi unánimemente por los grupos parlamentarios por «pasar de puntillas» sobre las causas del siniestro, más allá de volver repetidamente a señalar el exceso de velocidad como desencadenante exclusivo.
En cualquier caso, admitió que «Renfe Operadora ha puesto en marcha una revisión y análisis de sus protocolos y sistemas de seguridad para evitar que volvamos a sufrir un accidente como el que hemos padecido», y añadió que la ministra de Fomento, Ana Pastor, informará mañana en su comparecencia de las medidas adicionales en materia de seguridad que se han adoptado a raíz de la investigación.
El máximo responsable de Renfe insistió también en que «no consta» en los registros ninguna comunicación de «avería o anormalidad» durante todo el recorrido del tren que terminó descarrilando en Angrois, y se apoyó en los datos revelados en sede judicial -provenientes de la caja negra- para reforzar la tesis oficial de la velocidad inadecuada como desencadenante. Aunque destacó la confianza de los ciudadanos en el sistema ferroviario español, aseguró que no caerán «en la autocomplacencia y en la inacción, porque la seguridad es uno de los principales atributos del tren y así debe seguir siendo».
Pese a la profusión de datos sobre las inspecciones, las balizas o los sistemas de seguridad del tren en los que se detuvo Gómez-Pomar, los portavoces de los grupos parlamentarios en la comisión se quejaron de las casi inexistentes novedades aportadas sobre el siniestro y la investigación de sus causas. «Las intervenciones de los presidentes de Adif y Renfe no nos han revelado nada nuevo», resumió la portavoz del BNG, Rosana Pérez, primera diputada en intervenir y en mostrar su disconformidad por el contraste entre «esta especie de relatorio, con la locuacidad y la prisa que han demostrado ambos en las 24 horas posteriores al accidente para buscar la causa del siniestro».
La misma crítica -la de señalar al maquinista y el exceso de velocidad con el que circulaba el convoy como único responsable- la repitieron otros grupos parlamentarios, que bombardearon a Ferre y Gómez-Pomar con una auténtica batería de preguntas que abarcaba desde la posibilidad de un fallo técnico en el sistema de seguridad hasta el motivo por el que no se emplea el ERTMS en el tramo Ourense-Santiago mientras que sí funciona en el de Madrid-Olmedo, sin olvidar la crítica al uso político de la alta velocidad en Galicia. Al respecto, recordaron que durante la inauguración se insistió en que era Alta Velocidad con la misma vehemencia que ahora se niega que el tramo lo sea.
«Ustedes han evitado cuidadosamente citar las palabras AVE o Velocidad Alta, pero en la publicidad de Adif y Renfe el tren está publicitado de esa forma, y resulta que no mes así», señaló el portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, que reclamó -al igual que el BNG, la Izquierda Plural o CiU- la creación de una comisión de investigación y depurar las responsabilidades políticas. «Hay un tren que va como una bala y que no hay manera humana de evitar que descarrile. Y eso es preocupante porque no es lo que nos habían dicho a los ciudadanos que podíamos esperar. Por conveniencias políticas de este Gobierno y del anterior, lo que se ha hecho es vendernos humo, y eso tiene responsabilidades políticas», sentenció.
Por el grupo de la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras y Gaspar Llamazares reclamaron una comisión de investigación -que el diputado de CiU exigió independiente y «sin llamaditas»-- porque «si la causa no es solo el fallo humano, como todo parece indicar, las responsabilidades políticas se deben asumir con la misma celeridad con la que se ha señalado al maquinista».
Los portavoces socialista, Rafael Simancas, y popular, Andrés Ayala, coincidieron en desviar la responsabilidad sobre la seguridad a los técnicos. «La seguridad ferroviaria no la deciden los políticos, ni los ministros, sino los técnicos», recalcó Simancas. Este pidió la creación de una Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, a imagen de la que funciona para la seguridad aérea.
Pese a los muchos interrogantes desplegados sobre la mesa, las preguntas quedaron sin respuesta porque los presidentes de Adif y Renfe se limitaron a insistir en lo expuesto en su intervención: no hubo alegaciones al trazado de la curva mortal de Angrois y son los técnicos y no los políticos quienes deciden las medidas de seguridad a implementar.