La Xunta prevé integrar a 500 trabajadores de «chiringuitos» donde rebajó 489 empleos

S. Lorenzo SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Opositores y funcionarios creen que el proceso no garantiza que el personal trasvasado superó las mismas oposiciones que los empleados de la Xunta

09 jul 2013 . Actualizado a las 11:03 h.

El controvertido proceso de la Xunta para integrar en su estructura a personal procedente de chiringuitos extinguidos afectará en principio a 507 trabajadores con contrato fijo, en un ámbito en el que el Ejecutivo ya cerró 42 entes y suprimió 489 puestos (13 de personal de alta dirección y de confianza). Las disputas sobre la limpieza del proceso, que colectivos de opositores y funcionarios ven fraudulento porque entienden que no garantiza que todo el personal trasvasado superó las mismas oposiciones que los empleados de la Xunta, continúan. El comité de empresa de los servicios centrales de la Fundación para a Calidade Industrial, de la que proceden la mayoría de los 114 trabajadores que se integrarán como personal laboral en la Axencia de Innovación, defiende un proceso que «non pode supoñer ningunha amortización de postos de persoal laboral ou funcionario da Xunta, nin máis despedimentos na fundación».

Sostiene el comité que los 109 trabajadores de la fundación accedieron por procesos de selección acordes a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Los opositores denuncian

Pero desde el Movemento pola Igualdade no Emprego Público reiteran que el decreto de integración vulnera el dictamen del Consultivo porque, argumentan, no garantiza que todos los trabajadores de los chiringuitos implicados, y no solo sus directivos, accedieran a un contrato fijo conforme a la oferta de empleo público de la Xunta. Resaltan que, «ademáis da inexistencia de oferta de emprego público», se realizaron convocatorias sin publicidad y muchos fueron integrados «co único criterio da afinidade persoal ou política». «Non cabe a transformación dunha relación laboral xurídica privada en relación laboral pública senón é cos procedementos e garantías que a lexislación establece ao respecto», advierten.