El propietario considera que este era el valor del petrolero cuando tuvo el accidente
03 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La «chatarra flotante» con la que algunos abogados del juicio definen al Prestige vale siete millones de dólares (unos 5,36 millones de euros). Esta es la cantidad que la acusación de Mare Shipping -la empresa propietaria registrada en Liberia- reclama al Estado español por considerarlo responsable del hundimiento del petrolero, causado por una serie de «medidas negligentes» que provocaron la «ruina progresiva del buque» y el consiguiente «daño patrimonial» a la empresa armadora.
Se trata de una paradoja más del caso Prestige. La Justicia griega fue incapaz de embargar los bienes del armador para satisfacer una fianza de 87 millones -vendió toda su flota y cambió su domicilio en Atenas-, el propietario no ha dado la cara en más de diez años de proceso judicial y podría darse la circunstancia de que, si el ex director general de la Marina Mercante es condenado, el Estado se vería obligado a pagar al menos parte del coste del buque. Y ello a pesar de que la Fiscalía considera a España una «víctima» de un modelo «fraudulento» de transporte de hidrocarburos.
María José Rodríguez Docampo, la letrada coruñesa que ejerce la acusación en representación del propietario, no especificó ayer en sus conclusiones la cifra que reclama a la Administración española. Tan solo se refirió de forma genérica al daño patrimonial infringido al naviero por negar al buque la posibilidad de refugio. Es en su escrito de acusación donde se detalla que el acusado «deberá ser declarado responsable civil directo del daño sufrido por mi representado por la destrucción de su buque en cuantía de siete millones de dólares o su contravalor en moneda europea a la fecha de la sentencia». Si José Luis López Sors resulta condenado, la Administración General del Estado, matizan, «deberá ser declarada responsable civil subsidiaria».
La abogada de Mare Shipping siguió la estela que había dejado la acusación de Nunca Máis en sus críticas a la gestión del accidente. Aseguró que, a pesar de estar sobrecalado, era «materialmente» posible meter el barco en el puerto de A Coruña, y denunció que el Gobierno no evaluó convenientemente el estado estructural del buque pues, en su opinión, «contaba con un margen de reserva de resistencia estructural» que permitía refugiarlo en lugares como Corcubión. El entonces director de la Marina Mercante, en cambio, decidió enviar el petrolero hacia el noroeste, «a ninguna parte», debilitando su estructura y aumentando «lógicamente» la contaminación. «¿Cómo puede ser que se justifique el rumbo noroeste y 15 horas después se defienda el rumbo sur con los mismos argumentos?», se preguntó.
Afectados
El abogado de Amegrove, Xosé Avelino Ochoa, coincidió en este punto. «Foi como se unha vez que Smit se fixera cargo do barco o Goberno non tivera que defender a costa», dijo. Él y otros abogados de afectados fueron ayer muy críticos con la pericial económica encargada por el juzgado y los criterios de valoración del Fidac.
Rodríguez Docampo denunció que López Sors no se rodeó del comité técnico que el Plan de Contingencias obligaba a crear, por lo que se privó a la emergencia de los conocimientos oceanográficos y meteorológicos necesarios para prever las consecuencias de las decisiones. Para Mare Shipping, el conjunto de la gestión responde a lo que califican de «imprudencia grave», al imponer «un rumbo suicida que empeoró las condiciones del buque y acortó su vida».