El Gobierno autónomo aprueba el proyecto de Lei de Garantías de Prestacións Sanitaria, que establece una espera máxima de 45 días para las pruebas diagnósticas
03 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno gallego dio este jueves luz verde al proyecto de ley de garantías en las prestaciones sanitarias, que fija una espera máxima de 60 días para operar a los pacientes con las patologías más graves, así consideradas por las comunidades científicas. La normativa, que será remitida en breve al Parlamento para su tramitación, también le impone una demora de a lo sumo 45 días para resolver las consultas externas, pruebas diagnósticas y terapéuticas, siempre y cuando gocen, como en el anterior caso, de la máxima prioridad. «Acabouse o de reducir as listas de espera en número en non en gravidade», manifestó tras la reunión del Consello el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que ha visto cómo por fin se abría camino una iniciativa alumbrada por el PP ya en el 2008 y que engrosó el listado de incumplimientos de la anterior legislatura.
La normativa autonómica no sustituye, sino que complementa, el real decreto con rango estatal que establece un tope de 180 días (seis meses) para determinadas intervenciones quirúrgicas, entre las que se incluyen operaciones de cataratas, prótesis de cadera y de rodilla o la cirugía cardíaca, tanto valvular como coronaria. La diferencia es que estas patologías podrán tener, llegado el caso, la máxima prioridad en Galicia para que los casos se puedan resolver antes de dos meses.
Para la aplicación del nuevo proyecto de ley será necesario aprobar también el correspondiente reglamento, en el que se determinará, de acuerdo con el criterio de las comunidades o sociedades científicas, el catálogo de las patologías que gozarán de la máxima prioridad. En el mismo entrarán todas las dolencias que puedan entrañar un riesgo para la vida del paciente, pero también se incorporarán criterios de tipo social o laboral. Por ejemplo, una operación de cataratas puede requerir una prioridad más alta cuando afecta a una persona en edad laboral que a un jubilado.
La aplicación de la ley será similar para las consultas externas y pruebas diagnósticas, con el fin de que puedan ser resueltas antes del plazo máximo de 45 días, teniendo en cuenta el rango de prioridades que se fijen atendiendo al criterio de los expertos de la Sociedad Oncológica de Galicia o la Sociedad Gallega de Oftalmología, por citar dos ejemplos.
Libre elección de hospital
La llamada Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias también ampliará los derechos de libre elección del paciente, más allá del médico de cabecera, que ya rige en la actualidad. Con su entrada en vigor, los usuarios también podrán elegir pediatra, al personal de enfermería o incluso el centro hospitalario en el que quieren ser atendidos.
Se blinda de igual forma por ley el derecho del paciente a recibir una segunda opinión médica. Así, en un plazo máximo de 10 días se le asignará el especialista correspondiente para contrastar el primer diagnóstico y, en 15 días más de tope, deberá recibir la segunda opinión.
El propio Feijoo hizo ayer una valoración entusiasta del proyecto normativo, pues entiende que si hubiera algún interés en privatizar la sanidad, con esta ley «é imposible». Es más, insistió que el proyecto «ven a garantir a sanidade pública» con mayor claridad, a «poñer deberes» y a «establecer dereitos».