Los sindicatos temen subjetividad en una prueba en la que juzgarán los jefes
13 abr 2013 . Actualizado a las 15:07 h.La evaluación individual de los 120.000 trabajadores de las Administraciones que quedarán bajo el marco de la futura Lei do Emprego Público conllevará premios y penalizaciones profesionales, pero también retributivas. El anteproyecto normativo que la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, presentó el jueves al Consello de la Xunta y ayer a los sindicatos establece que la obtención de un resultado negativo en esas pruebas podrá dar lugar a la pérdida de un complemento retributivo «do desempeño», ligado al rendimiento del empleado y a la consecución de objetivos. Sin actitud, no habrá compensación.
Las Administraciones autonómica y local (incluidos concellos, diputaciones, chiringuitos y personal de servicios de las universidades) establecerán los sistemas para evaluar a su personal, de acuerdo con criterios de «transparencia, obxectividade, imparcialidade e non discriminación». Ejecutarán esos sistemas «órganos especializados dotados de autonomía funcional e non sometidos a instrucións xerárquicas». Serán dos pruebas. La evaluación «do desempeño» medirá la conducta profesional del empleado. Con dos criterios: el nivel de cumplimiento de sus deberes y el grado de interés, iniciativa y esfuerzo con que realice su trabajo, con especial atención a su «implicación na actualización e perfeccionamento da súa cualificación profesional». El otro examen se centrará en el rendimiento. Medirá la contribución individual de cada trabajador a la consecución de los objetivos de su unidad y a la mejora de la organización y la gestión a través de su participación en procesos de innovación y «boas prácticas».
Deberán someterse a esta doble evaluación los empleados que ocupen puestos obtenidos por concurso, los que deseen progresar en su carrera profesional y los que aspiren a «obter e manter o complemento retributivo de desempeño». Ese extra retribuirá «o grao de interese, iniciativa e esforzo cos que o persoal funcionario desempeña o seu traballo e o rendemento ou resultados obtidos». Su cuantía máxima será fijada en los Orzamentos. Este complemento sustituirá al de productividad, que se mantendrá mientras no se desarrolle reglamentariamente el nuevo proceso de evaluación.
Ese examen y la movilidad son los aspectos que, de entrada, suscitan más recelo en los sindicatos, que temen factores subjetivos al valorar méritos ligados a una retribución, como advirtió Pedro Méndez (CC.?OO.). Aunque la conselleira remarcó que las Administraciones actuarán con objetividad, avanzó que la opinión de los jefes pesará al evaluar el logro de objetivos: «O superior xerárquico é o que mellor coñece a valoración, aínda que tamén participarán outros órganos».
Posibilidad de traslado forzoso
El otro punto caliente del texto con el que Galicia desarrolla el Estatuto del Empleado Público del 2007 es la introducción de la movilidad forzosa «fundamentada nas necesidades do servizo». Muñoz matizó que esos traslados estarán sujetos a «condicións e requirimentos específicos, como xa temos na lei actual de función pública». Abundó que se trata de disponer de flexibilidad para cubrir las áreas que necesitan personal con empleados de otras excedentarias. José Vázquez (UGT) reclamó reciprocidad en la movilidad entre Administraciones.
El representante de CSIF, José Brunete, destacó que los sindicatos reciben «con cautela» una ley que teme que restringirá derechos laborales mucho antes de favorecer una carrera profesional cuya mención por la Xunta representa para Carmen López (CIG) «unha tomadura de pelo», en un contexto marcado por el recorte salarial y la amortización de puestos de trabajo. Facenda volverá a citar a los sindicatos en 15 días para recabar sus objeciones a un prolijo documento que desarrolla 226 artículos.