Impulsa una ley para reasignar personal y se compromete a que no haya despidos
12 abr 2013 . Actualizado a las 17:31 h.Será similar a trasladar al ámbito del empleo público la vieja reválida que el Gobierno central quiere implantar al final de cada etapa educativa. La futura Lei do Emprego Público que Feijoo comprometió en su investidura, y que ayer esbozó todavía en forma de anteproyecto, incluirá entre los aspectos más novedosos una evaluación de méritos del funcionariado, que le permitirá progresar en su carrera profesional. El nuevo marco también facilitará a la Xunta la llave que precisa para reasignar trabajadores según las necesidades de cada departamento o consellería. El Ejecutivo, que prevé que la norma quede aprobada durante este año, sostiene que busca con esta legislación una «xestión máis moderna e homoxénea» sin reducir, asegura, el número de empleados.
Más eficiencia
Evaluación individual. De momento, la Xunta solo confirma su intención de evaluar de forma individual a todos los empleados públicos, pero todavía no concreta cómo será ese examen. La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, que ayer compareció con Feijoo al término de la reunión semanal del Consello, subrayó a preguntas de los periodistas que esa valoración de capacidades permitirá que el personal «ascenda na súa profesionalización». La Xunta presenta esta medida como una apuesta por estimular la formación y eficiencia de esos trabajadores. Muñoz apostilló en su comparecencia que será en el desarrollo reglamentario de la norma donde se precise en qué consistirá esa prueba y «os efectos económicos que ese recoñecemento vai ter no futuro».
Para 125.000 empleados
Marco común. Otra novedad de la ley es su ámbito de aplicación, ya que irá más allá del personal de la Xunta. Además de los casi 90.000 empleados que dependen de la Administración autonómica (incluidos los chiringuitos y otros órganos como el Consello Consultivo), la normativa regulará las condiciones de los adscritos a las entidades locales (31.000) y de las universidades (aunque no de los docentes, que dependen del Estado). Así, el Ejecutivo quiere que la nueva norma sea un marco estable, único y flexible que permita homogeneizar las condiciones laborales de todos los trabajadores de las distintas Administraciones públicas gallegas.
Reordenación
Trasvase de personal. Ese marco común posibilitará una gestión global de los recursos humanos y una mayor movilidad de personal entre organismos. La responsable de Facenda defiende que «así conseguiremos mellorar o funcionamento da Administración mantendo o mesmo número de efectivos». El borrador de la norma contempla que las Administraciones podrán disponer de planes de ordenación de los recursos humanos para optimizar su empleo «nos ámbitos aos que afecten». A expensas de ver las hechuras de una ley que por ahora solo está hilvanada, el Ejecutivo ya adelanta su vocación de aumentar la polivalencia de los empleados públicos, a través de la «posibilidade de ocupar diferentes postos de traballo».
Selección de directivos
Profesionalización. La futura ley también regulará por vez primera la figura del personal directivo profesional, que según avanza la Xunta será seleccionado por criterios de igualdad, mérito y capacidad entre el personal funcionario o laboral de la Administración general.
Personal laboral
Conversión en funcionario. El nuevo marco posibilitará una medida que también formó parte del programa electoral con el que Feijoo concurrió a las autonómicas de octubre pasado, como es la apuesta por convertir en funcionario al personal laboral fijo. La Xunta esgrime que estos procesos facilitarán un ahorro en el conjunto del personal. Pero algunos colectivos de funcionarios y opositores ya alertaron entonces que esta medida puede favorecer a trabajadores que entraron en la Administración «pola porta de atrás», como los que accedieron por medio de asistencias técnicas y que después obtuvieron sentencias favorables que obligaron a su contratación indefinida. Con la conversión, estarán en igualdad de condiciones a los que entraron con oposición.
Fase de consultas
Desarrollo del estatuto básico. Con esta ley, que establecerá las clases de personal y el régimen disciplinario, Galicia será la cuarta comunidad en desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público (2007) y que solo ha sido adaptado hasta ahora por Valencia, Aragón y Castilla-La Mancha. La Xunta sostiene que representa una «aposta decidida pola modernización da función pública», además del impulso de la promoción interna por criterios de igualdad, mérito y capacidad. En las próximas semanas, Facenda buscará el consenso a través de consultas con los sindicatos, la Fegamp y las tres universidades.