Analiza si financiará la obra con fondos públicos o por sistema concesional
08 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Es una de las mayores obras que la Administración gallega afrontará en esta legislatura, pero el Ejecutivo todavía no sabe si podrá financiar la ampliación de Sogama con recursos públicos o tendrá que recurrir a un sistema concesional que ahora considera gravoso. La Xunta sí dispone de una estimación sobre su coste. La infraestructura necesaria para incrementar la capacidad de incineración del complejo de Cerceda, y habilitar una nueva planta de reciclaje, requerirá una inversión cercana a los 150 millones.
Se trata de un proyecto crucial para garantizar un objetivo del nuevo Plan de Xestión de Residuos Urbanos que no admite más demora: la reducción del porcentaje de basuras que acaban en vertederos del 53,8 % actual (más de 600.000 toneladas al año) al 24 % en el 2020. Los plazos son ajustados. La marcha atrás de la Xunta en su previsión inicial de levantar una planta en el sur que mitigara la saturación del complejo de Cerceda obligó a modificar la hoja de ruta. De manejar el 2015 como fecha de puesta en servicio de esa segunda planta, Medio Ambiente ha pasado a establecer el 2017 para la ampliación de la actual. El cambio de criterio se escenificó 25 días antes de las autonómicas de octubre, y zanjó un plan que suscitó fuerte rechazo social y político. La Xunta perdió un año entre que dio luz verde al emplazamiento en el concello ourensano de O Irixo y liquidó ese proyecto de Estela Eólica, la tercera empresa que consiguió más megavatios en el concurso eólico del Ejecutivo de Feijoo y que incluyó la incineradora del sur como su plan industrial. Fue una decisión política para la que la Xunta encontró una coartada técnica en la reforma del sector eléctrico. Al perder las primas por generar energía a partir de la incineración de los residuos, la segunda planta dejaba de ser un negocio rentable.
Estela Eólica se había comprometido a invertir 160 millones en un complejo con capacidad para 350.000 toneladas de residuos al año que daría trabajo a 278 personas. Aunque la Administración sostiene ahora que la planta del sur no podría arrancar con menos de 230 millones de gasto. Esto permitirá a la Xunta presentar un proyecto más económico. El problema será su financiación.
Medio Ambiente trabaja desde hace unos meses en la modificación del Plan de Residuos, para sustituir el complejo del sur por la ampliación del de Cerceda. En esta fase administrativa, que rematará en el verano, deberá aclarar qué sistema utilizará para adjudicar el proyecto y qué tecnología emplearán las instalaciones.
La variable tecnológica condicionará el coste de la ampliación y el sistema de contratación. Aunque en el sector de los residuos es corriente la fórmula concesional, si la Xunta opta por esa vía lo hará contra su criterio de no seguir abusando de un sistema que hipoteca cada vez una parte mayor de sus cuentas. Además de multiplicar la factura para las arcas públicas, las empresas tienen dificultades para encontrar financiación. Así sucede, por ejemplo, con la autovía de la Costa da Morte y con el nuevo hospital de Vigo, en el que la Administración pagará más de 1.300 millones hasta el año 2033 por un complejo que cuesta 375. La Xunta, cuya inversión en obra pública está en mínimos históricos, prevé despejar estas incógnitas sobre la fórmula de contratación en el segundo semestre.
Medio Ambiente debe solventar otro escollo que ha obligado a la sociedad pública a elaborar un plan de viabilidad para evitar su quiebra. La paradoja está en que el mismo cambio legal al que se aferró la consellería para tumbar el proyecto de O Irixo amenaza ahora con abrir un agujero de 13 millones al año en las cuentas de Sogama.
El motivo es el incremento del gravamen a la energía que vende la sociedad y el real decreto de febrero que elimina las primas por generar electricidad a partir de fuentes renovables, como es el caso. Medio Ambiente pensaba que esa restricción se limitaría a las plantas nuevas, pero se aplicará a todas. Los 54 millones que Sogama ingresa con el negocio eléctrico, que supone la mitad de su facturación, quedarán en 47. Para neutralizar esa merma, baraja subir un 26 % el canon que cobra a los 297 concellos que le envían sus residuos (61,5 euros por tonelada). Esto podría encarecer el recibo doméstico unos 12 euros al año. La Xunta asegura que ese aumento no tiene nada que ver con la ampliación. Los alcaldes aguardan explicaciones.