El principal imputado del caso Campeón, inhabilitado ocho años
03 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El empresario Jorge Dorribo, principal imputado en el caso Campeón, fue condenado a ocho años de inhabilitación y a asumir una responsabilidad patrimonial, estimada en 25 millones de euros, como responsable de la quiebra de Innova. Esta empresa, en concurso de acreedores, pertenece al grupo Nupel, que también gestionaba el industrial lugués.
La condena a Dorribo se debe a su papel de administrador de hecho de una sociedad en la que, tal y como señala la sentencia, existía doble contabilidad, recogida en un soporte informático que fue aportado en la vista. En esta contabilidad se detectó un desplazamiento de tesorería de Innova a Nupel de 9,3 millones de euros.
La condena inhabilita también a los otros dos administradores de Innova -Jaime López Vázquez, secretario de la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) y el empresario Eduardo Amigo- para administrar bienes ajenos por un período de dos años. La jueza considera que ambos hicieron dejación de sus funciones y de sus deberes legales. Recoge los argumentos del fiscal, pero no los de los administradores concursales en las conclusiones de la vista, que apuntaban a Dorribo como único responsable. Los dos quedan eximidos del déficit concursal -los 25 millones-, que asume al cien por cien Jorge Dorribo.
La condena no tendrá repercusiones para el secretario de la CEL en esta organización, según fuentes próximas a la patronal lucense. La labor que desempeña López es la de un técnico con voz y sin voto en los órganos de gobierno y la inhabilitación afecta a entidades mercantiles.
La sentencia señala que la existencia de doble contabilidad justifica la calificación de culpabilidad en el concurso. Según los fundamentos de derecho, las cuentas oficiales son «una mera farsa» al incluir «datos falseados que impiden la comprensión de la situación patrimonial y financiera real de la concursada».
El fallo recoge también que Innova debe a Nupel 10.811.320 euros y Nupel a esta 22.0305.904 «no existiendo operaciones comerciales realizadas entre ambas entidades que justifiquen esta diferencia de saldos». Esto implica, según la sentencia, «un perjuicio para los acreedores que ven minorada injustificadamente la masa activa de la deudora». Esto supone un segundo motivo para optar por la culpabilidad concursal.
La jueza considera acreditado que Dorribo era el administrador de hecho, además de por las pruebas testificales, porque en enero del 2011, ante notario, sin apoderamiento alguno y en nombre de Innova «suscribió una operación de leasing con el Banco Popular de 449.777 euros», que además admitió.