José Ignacio Wert, ministro de Educación, tuvo en el punto de mira la universidad española desde que accedió a su cargo. Anunció una reforma de la misma, precedida de numerosas declaraciones que molestaron a prácticamente todos los rectores del sistema. Lo cierto es que no era para menos. Que si el programa Erasmus no se guiaba precisamente por criterios universitarios; que la tasa de abandono en las carreras era excesivamente elevada; que la autonomía de estas instituciones no se acompañó de la rendición de cuentas correspondiente; que la oferta de títulos era desmedida; o que ninguna de las universidades españolas figuraba entre las 150 mejores del mundo.

Con este preámbulo, era evidente que plantearía una reforma. Para ello, designó a un comité de expertos formado por once miembros, y presidido por la catedrática de Bioquímica María Teresa Miras Portugal. Dos abandonaron esta tarea poco después, y los nueve restantes entregaron en febrero sus propuestas al ministro, estructuradas en torno a cinco capítulos.

Selección del personal

Es, junto con el capítulo de la gobernanza de las universidades, el más polémico. Recoge considerables novedades, aunque todas caminan en la misma dirección, primar más el esfuerzo investigador, e impulsar el profesorado no funcionario. Por ejemplo, recomiendan los expertos aumentar los docentes ayudantes, que para nombrar a un profesor emérito se tengan más en cuenta los méritos de investigación, y que los doctorandos y similares no se distraigan de su principal tarea, la ciencia, con clases docentes.

Pero quizás el cambio más significativo que plantean los sabios de Wert es la apuesta decidida por el profesorado contratado indefinido, además de una manera directa, sin necesidad de ser evaluado por la agencia estatal de calidad, y el impulso a contrataciones de personal de prestigio y extranjero, por lo que instan a realizar las convocatorias de plazas en inglés y que se publiciten en las webs de las universidades.

Evaluación de la calidad

El segundo capítulo insiste en dar publicidad a todo tipo de evaluaciones, para que la sociedad en general tenga claro el nivel de cada universidad española. Otra recomendación es que también se publique la empleabilidad de los titulados que salen de cada institución, y que se especialicen e internacionalicen las universidades, ya que uno de los principales defectos que definen los expertos al sistema español en el preámbulo es la homogeneidad de los títulos que se imparten en las universidades, repetidos e incluso en facultades cercanas.

El gobierno de la universidad

Lo que proponen los expertos es que se refuercen las atribuciones de los órganos unipersonales, como rector o decanos, y mermen las de los órganos colegiados, como el claustro, así como reducir sus miembros y dar mayor presencia a la sociedad civil. Así, recomiendan que el rector no sea elegido como ocurre ahora, sino designado directamente. El órgano que se encargaría de esta misión no será exclusivamente universitario, además, sino con una importante presencia de la sociedad civil. Así, el consejo de la universidad tendrá a la mitad de sus miembros elegidos por el claustro, pero de un 25 % se encargará la comunidad, es decir, el Gobierno autonómico, y el otro 25 % lo elegirán entre los dos grupos anteriores. Además de ser designado, no elegido, el rector tendrá más atribuciones, los candidatos podrán ser académicos españoles o extranjeros, y podrán establecerse complementos salariales adicionales en base, por ejemplo, a su valía profesional.

Financiación

Básicamente sostienen que hay que poner en marcha sistemas de contabilidad, para que se sepa cuál es el coste real de los servicios universitarios, y que aumente la inversión al 3 %. También facilitar la normativa para firmar acuerdos con el sector privado o que se eleve la vinculación de la financiación a los resultados obtenidos en I+D.

Estudios y títulos

Algunas de las propuestas ya se plantearon en Galicia, como exigir un número mínimo de alumnos por título o especializar las universidades. Lamentan que en España se optase por un modelo de estudios de 4+1 en lugar del 3+2 del resto de Europa.