La Xunta pronostica el cierre de numerosos centros gallegos «en breve prazo»

«Un dos fenómenos que caracterizan, de forma xenérica, ás comunidades galegas na actualidade é o proceso de envellecemento dos seus asociados e, en numerosos casos, o proceso desembocará a breve e medio prazo na desaparición das propias entidades». Eso admite el Gobierno autónomo en la exposición de motivos del proyecto de Lei da Galeguidade, que ayer entró formalmente en el Parlamento. El texto, aprobado hace tres jueves con la pretensión oficial de recibir en la Cámara el respaldo de otros grupos, receta contra ese posible cierre masivo de centros gallegos en el exterior dos cosas, básicamente: fusiones y rejuvenecimiento de sus directivas.

Hay actualmente en todo el mundo, según datos oficiales, 438 comunidades gallegas reconocidas como tal, un concepto que abarca desde los centros propiamente dichos hasta las agrupaciones, pasando por peñas asociaciones, patronatos, hogares, casas, uniones, hermandades, sociedades y similares. Del global, un 22,1 % se encuentran domiciliadas en España, mientras que las restantes 341 se reparten, como muestra el gráfico impreso sobre estas líneas, entre otros 31 países. No obstante, solo dos de ellos, Argentina y Cuba, concentran la mitad de las entidades foráneas: 106 y 70, respectivamente.

Cuando entre en vigor la nueva normativa, que vendrá a sustituir a una de junio de 1983, esas comunidades, «sempre que cumpran os requisitos legais», conservarán su condición y quedarán inscritas en el futuro Rexistro da Galeguidade. En caso contrario, dispondrán de seis meses para adaptarse a las exigencias (estatutos al uso, memoria descriptiva de actividades, funcionamiento «democrático», certificación nominal de socios...) y acreditar que efectivamente lo han hecho.

Dado que el Ejecutivo teme por la supervivencia de una amplia mayoría de dichos colectivos, de acuerdo con lo prescrito en el borrador de ley, «promoverá» entre los mismos «procesos de unión ou fusión» y «a necesaria renovación dos [seus] órganos de dirección», introduciendo savia joven, así como «a participación efectiva das mulleres» en las cúpulas de las organizaciones.

Ampliar el abanico

Se tratará en cualquier caso de operaciones «voluntarias», si bien el Gabinete de Núñez Feijoo tiene en mente «incentivalas», por ejemplo, primando en el reparto de subvenciones a aquellos centros que apuesten por el matrimonio «co fin de defender e integrar os seus intereses e facilitar o cumprimento das finalidades e obxectivos que lles sexan propios». La Xunta centrará sus políticas de colaboración «naquelas localidades ou ámbitos onde a súa realidade social así o aconselle», reza el documento en su artículo 19. En el polo opuesto, «fomentará e prestará asesoramento» para la fundación de entidades «en lugares nos que o asentamento de galegos o demande e non houbera outras xa constituídas».

Como novedad, el texto, asimismo, compromete apoyo socioasistencial de la Administración autonómica a emigrados, aunque «para axudar de forma individual e extraordinaria [...] en situación de extrema necesidade ou risco de exclusión social». En la prestación de ese auxilio se priorizará «especialmente» a las personas de mayor edad. En paralelo, la norma prevé actuaciones en los ámbitos de la igualdad de género, de la cultura (intercambios educativos, formación lingüística, plataformas didácticas...) y de la economía, a fin de impulsar las relaciones comerciales de empresas exportadoras de Galicia.

Además, según la ley, la Xunta creará «de acordo coas súas políticas, normativa e dispoñibilidade orzamentaria, un centro de referencia documental e museístico sobre a emigración, a súa memoria e a galeguidade, a partir dos fondos do Consello da Cultura Galega» y de los propios colectivos del exterior.

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