El gobierno local de Ourense anunció ayer a los trabajadores municipales que dejará de incluir en las nóminas una veintena de pluses, ayudas y compensaciones previstas en el vigente acuerdo regulador de las condiciones laborales, que la corporación municipal aprobó en el pleno ordinario de enero con los votos del PSOE y el BNG. Ignoraron entonces nacionalistas y socialistas el reparo del interventor, pero ahora, un segundo informe del mismo funcionario, ha llevado al alcalde y al PSOE a reconsiderar la decisión.

El interventor concede carácter de percepción indebida al cobro, dice, de conceptos retributivos ajenos a la estructura fijada por el Estatuto Básico del Empleado Público y la normativa de la función pública gallega. Alude expresamente a que se actúa contra la prohibición de ingresos atípicos y concluye que, de mantenerse esos pagos, se daría lugar a una salida material de fondos públicos sin justificación jurídica, con el consiguiente menoscabo en los caudales y efectos públicos, que, según matiza, daría lugar a la eventual exigencia de responsabilidad contable. Acota el interventor esa responsabilidad al referirse a la concejala de Personal y al propio alcalde, en su condición de ordenador de pagos. Advierte también, de manera expresa, que informará al Tribunal de Cuentas de cualquier pago al amparo del discutido acuerdo regulador.

El gobierno local anunció ayer que buscará alternativas para atender los pagos pactados con los sindicatos del Concello.

Las «ayudas» del 2012 rondan los 450.000 euros, después de un pacto sindical que redujo este concepto desde el millón que como gasto medio se producía durante los años anteriores.